El presidente Gabriel Boric anuncia medidas adicionales para garantizar la seguridad en el sur de Chile luego del asesinato de tres carabineros el pasado sábado.
La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, anunció este lunes que el presidente Gabriel Boric ha solicitado un «refuerzo adicional» a las Fuerzas Armadas para «copar zonas de riesgo» en el sur de Chile, especialmente en el área donde ocurrió el fatal ataque que cobró la vida de tres carabineros.
El ejecutivo ha dispuesto herramientas jurídicas para condenar con las máximas penas a los responsables de este brutal crimen. Vallejo señaló que se está considerando la cadena perpetua calificada como medida punitiva. «No dudamos en usar las armas y herramientas más eficaces para que haya justicia y no haya impunidad«, enfatizó.
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El ataque, en el que fueron asesinados tres carabineros a balazos y posteriormente sus cuerpos fueron quemados, ha generado conmoción en el país. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, aunque en la zona son habituales los ataques incendiarios atribuidos a grupos mapuches.
Vallejo subrayó la necesidad de endurecer las medidas de seguridad, lo que incluiría actualizaciones en la legislación, como la ley de inteligencia, y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública con dedicación exclusiva. Además, se plantea la necesidad de establecer una nueva regla de uso de la fuerza y una ley antiterrorista más rigurosa.
El Gobierno presentó una querella criminal contra todos los responsables del triple crimen, que contempla los delitos de homicidio contra carabineros, violación de la Ley de Armas y pertenencia a una organización criminal.
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El ataque tuvo lugar en la localidad de Cañete, en la región del Biobío, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial y luego prendió fuego al vehículo con los carabineros en su interior.
Las regiones del Biobío y La Araucanía han sido escenario de un largo conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios forestales. Desde mayo de 2022, estas zonas están bajo estado de emergencia debido a los constantes ataques, en su mayoría sabotajes incendiarios, perpetrados por grupos armados.
Además, en los últimos años ha habido un incremento significativo del crimen organizado y la presencia de Compañías Militares Privadas de Seguridad, lo que ha complicado aún más la situación de seguridad en la región.
Fuente: TN