China impulsó uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de su historia: Sky City, un rascacielos concebido para alcanzar los 838 metros de altura y desplazar al Burj Khalifa de Dubái como el más alto del mundo. La iniciativa pretendía consolidar al país como líder absoluto en innovación constructiva y desarrollo urbano vertical.
El edificio, diseñado para levantarse en la ciudad de Changsha, prometía completar su estructura en solo 120 días, apoyado en un revolucionario sistema modular. “La clave es que el 95% del edificio se fabrica en planta y luego se ensambla”, había afirmado la desarrolladora Broad Sustainable Building (BSB), conocida por sus obras ultrarrápidas. El proyecto requería 270.000 toneladas de acero y prometía una resistencia excepcional a fenómenos naturales.
La “ciudad en el cielo” incluiría 202 pisos, capacidad para 30.000 personas, helipuerto, escuelas, hospitales, comercios, zonas verdes y complejos deportivos. Además, su diseño buscaba reducir el consumo energético hasta en un 80% gracias a un avanzado aislamiento y tecnología LED. La propuesta pretendía redefinir el urbanismo moderno con un modelo sostenible y altamente eficiente.
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Sin embargo, pese al arranque de las obras, el avance quedó frenado debido a la ausencia de una autorización ambiental nacional. El gobierno central inició una evaluación que se extendió durante meses y finalmente concluyó que la construcción afectaría al Lago Daze, el último humedal de Changsha y hábitat de 135 especies de aves, incluida la grulla siberiana, en peligro crítico de extinción.
La presión de organizaciones ambientalistas llevó a que el área fuera declarada “zona de no construcción”, lo que paralizó de manera indefinida el proyecto. Hoy, los cimientos que alguna vez buscaron sostener el rascacielos más alto del planeta están inundados y funcionan como criadero de peces, una imagen que contrasta con la monumental ambición inicial.
Aunque BSB mantiene la esperanza de reactivar la obra en otro lugar, enfrenta una traba adicional: desde 2021, China prohíbe levantar edificios que superen los 500 metros de altura. Así, el proyecto que aspiraba a simbolizar el poderío tecnológico del país quedó convertido en un recordatorio del rol determinante de la regulación ambiental.
Fuente: Ámbito.
