El dinero pudo secuestrarse con orden judicial, de la cuenta bancaria del imputado, a la que la víctima había transferido 5.000 dólares.
La funcionaria Ruth Monge firmó todos los pedidos, primero el de secuestro del dinero, posteriormente el de allanamiento y requisa personal con intervención de la Cámara de Apelaciones Penal Contravencional y de Faltas de CABA.
El hecho
El 1 de agosto pasado, un vecino de Esquel, se contactó por Instagram con el usuario identificado como “USDT SEGURO ARGENTINA” con el objeto de comprar criptomonedas. Más tarde, el denunciante se comunicó por WhatsApp con el número de abonado que figuraba en ese perfil.
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Intercambiaron mensajes, acordaron cotización y luego el denunciante realizó una transferencia de USD 5.000 desde su cuenta a una cuenta del banco ITAU suministrada por su contacto.
A cambio de la transferencia, “USDT SEGURO ARGENTINA” debía pasarle 5000 criptomonedas al denunciante. Sin embargo, le pidió a este último que, mientras se acreditaba el dinero, le grabe un video de recomendación y se lo envíe. Luego de que el denunciante envió el video de recomendación, pese a que le pareció extraño y le recriminó que no era parte del arreglo, “USDT SEGURO ARGENTINA” procedió a bloquearlo de las redes.
Habría participación de residentes en Venezuela
La investigación dirigida por el equipo de cibercrimen de la Fiscalía Esquel, con fundamental colaboración de la Policía Federal, permitió dar con la identidad y la dirección del titular de la cuenta que recibió el dinero. Con autorización judicial se secuestraron los 5.000 dólares, los que fueron entregados a la víctima como depositario judicial.
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El equipo sospecha que el imputado integra una organización delictiva con otra u otras personas que se encuentran en Venezuela. La sospecha se basa en que existe una gran cantidad de cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp), de las cuales algunas fueron ubicadas allí, que forman una estructura compleja y cuya función es dar la impresión a los interesados de que son una empresa seria de inversión.
Por su parte, si bien el número de abonado denunciado es una línea argentina, no asignada a ningún cliente, es utilizada en WhatsApp, por ello se sospecha que fue activada en esa red social desde Venezuela por las personas que residen allí, integrantes de la organización, a los efectos de dificultar la investigación y con la facilitación del código por parte de alguien que vive en Argentina.
Aparentemente quien se encarga de reunir el dinero es el imputado, y quien se encarga de las comunicaciones sería el o los ubicados en Venezuela.
