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Chubut

«Claramente el procesamiento es una disposición política del gobierno nacional»

Lo aseveró el secretario general de la ATECH, Santiago Goodman, por la imputación que le hizo el juez federal Gustavo Lleral después de una denuncia que formalizó la Gendarmería Nacional por el corte de ruta del 4 de abril del año pasado. «Buscan criminalizar la protesta social», remarcó el gremialista. «Ese día la GN persiguió a los dirigentes gremiales para armarles una causa», sostuvo Goodman.

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«El procesamiento es claramente una disposición política del gobierno nacional, que utiliza como herramienta a otro poder, la Justicia, que debería ser totalmente independiente», analizó Goodman este miércoles en conferencia de prensa en Rawson.

«Llevan adelante un proceso judicial bajo el Código Penal cuando el denunciante, para que lo sepan, es la Gendarmería Nacional», cuestionó.

«Ese día éramos cientos de trabajadores en el corte de ruta, pero la Gendarmería buscó perseguir a los dirigentes sindicales hasta que pudo dar con algunos de los que estábamos ahí para justamente armar esta causa», fundamentó.

«El año pasado me llamaron como imputado, junto a otros compañeros y compañeros. No fue el único que hicimos, fue el segundo corte. Pero al mismo tiempo que hacíamos el corte en la RN 3, había cortes simultáneos y colectivos en la Ruta 40, 26 y la 3 a la altura de Comodoro Rivadavia», recordó.

«Como lo decía Tomás (Montenegro) -otro de los dirigentes presentes en la conferencia de prensa- lo que buscan es criminalizar la protesta social imputándome en este caso a mí como autor intelectual con el artículo 194 del CP por el entorpecimiento de la vía pública», replicó Goodman.

«El juez Lleral lo que hace es tomar esta práctica del gobierno nacional en todo el territorio contra todos los cortes de ruta y la lleva a un procesamiento», replicó.

«Está clara también la responsabilidad del gobierno provincial, porque nosotros no hubiéramos llegado a la ruta porque teníamos ganas ese día de hacer algo, nos juntamos entre cuatro y fuimos a cortar la ruta porque no teníamos nada que hacer», consideró.

«Era ya el mes de abril, las paritarias se habían cerrado para el resto de los trabajadores estatales, llevábamos 10 meses cobrando el mismo salario con una inflación superior al 40 por ciento, se nos reían en la cara y lógicamente una de las herramientas que ponemos en juego los trabajadores es el corte de ruta», justificó.

«La disposición de la Justicia en esta acción de procesamiento es criminalizar la protesta social, aunque no es la primera vez que lo hacen», reiteró.

«Es una práctica que durante un tiempo se había dejado de usar en el país, porque hasta no hace mucho los que se presentaban como damnificados eran los privados, por ejemplo los dueños de los pozos petroleros, que argumentaban que no habían podido explotar el yacimiento y sufrían daños económicos», planteó Goodman.

«En este caso no hay nadie que haya planteado un daño, es la propia Gendarmería, la que tendría que estar cuidando nuestros límites, que me termina denunciando por el corte de ruta», señaló en el final.

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