Colombia registró 98 masacres en 2023, lo que representa un aumento del 6,5% respecto al año anterior, según un informe presentado este miércoles por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país latinoamericano, que vive en medio del prolongado conflicto armado.
«Preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos», dijo la representante en Colombia de esa dependencia de Naciones Unidas, Juliette De Rivero, informó la agencia de noticias AFP.
En 2023, las masacres, o asesinatos de tres o más personas en un mismo ataque, dejaron 320 víctimas, de los cuales 32 eran niños y 18 pertenecían a pueblos étnicos, de acuerdo con el informe.
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La ONU alertó sobre la expansión de la violencia ligada a organizaciones armadas que golpea a 206 municipios de los 1.100 que tiene el país. En 2022 la guerra interna afectaba a 180 municipios, mientras que en 2021 eran 156.
«La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población», aseguró De Rivero.
El informe alerta sobre el «control» que ejercen las organizaciones en poblaciones donde asesinan, extorsionan, amenazan, restringen los desplazamientos, reclutan menores de edad, secuestran y violan.
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De acuerdo con De Rivero, en 2023 se registraron 105 homicidios de defensores de derechos humanos, una disminución del 9,5%, aunque «sigue siendo la cifra más alta del mundo».
El año pasado también se registraron 53 casos de violencia de género, 134 niños reclutados por parte de grupos armados, 48 asesinatos de exguerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016, casi 63.000 personas desplazadas y unas 88.000 confinadas.
Con el apoyo de la ONU, Colombia firmó un acuerdo que condujo al desarme y transformación en partido político de la que fuera la guerrilla más poderosa de América, las FARC, implicadas en un sangriento conflicto de seis décadas.
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Aunque el histórico pacto redujo la intensidad de la guerra, todavía operan guerrillas, paramilitares y bandas del narcotráfico que desafían al Estado en varios puntos del país.
El presidente Gustavo Petro negocia la paz con algunas de esas organizaciones.
«Es importante que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través de un cambio positivo en el trato que le dan a la población civil», recomendó el informe.
Fuente: Télam
