Colombia «tomará acciones» frente a posible caída del Acuerdo de Paz con las FARC

El Gobierno de Colombia tomarán acciones tras la denuncia de un grupo de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que advierte sobre el «grave riesgo» que corre ese pacto ante la intención del Gobierno de Gustavo Petro de negociar con la guerrilla Estado Mayor Conjunto.

«El Gobierno Nacional no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos», aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

El anuncio de Rueda responde una serie de tuits del antiguo líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, pidiéndole al Presidente que lo reciba para explicarle por qué no es una buena idea negociar con ese grupo, algo con lo que estuvo de acuerdo el expresidente Juan Manuel Santos; ambos protagonistas del Acuerdo de Paz de 2016 en La Habana.

Las alarmas de parte de Londoño y Santos se incrementaron luego de que el Gobierno presentó ayer al Congreso el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados sin estatus político, mayormente organizaciones basadas en el narcotráfico, que propone «un tratamiento penal más benigno» a quienes se sometan a la justicia, pero que, según el Ejecutivo, no significa en ningún caso que habrá impunidad.

El propio Petro salió este jueves a apoyar el proyecto, al recordar que en el pasado, «cuanto más duras fueron las medidas (contra las organizaciones armadas), más fuerte se abrazaron el narcotráfico y el poder político».

«Cuanto más duras han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de coca, más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del poder político», enfatizó el mandatario.

«La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico», abundó Petro en su cuenta de Twitter.

A su vez, en la misma red social Londoño, actual líder del Partido Comunes, había expresado que «la implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la ‘paz total’ nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados».

Concretamente, según detalla Londoño, 200 familias firmantes de la paz han sido desplazadas de la localidad de Mesetas, en el centro del país, por el Estado Mayor Central, grupo con el que el Ejecutivo abrió un diálogo de paz.

«La acción de este grupo y de otros con los que usted pretende llegar a un acuerdo para la ‘Paz Total’ han apropiado el deseo de hacer trizas el acuerdo de paz (…) Apoyamos el diálogo sobre la base del respeto a nuestras vidas y al acuerdo de paz», aseveró Londoño.

Por ello, reiteró su pedido a Petro para que lo reciba así puede exponerle su punto de vista.

«Desde el inicio de su Gobierno estamos esperando que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas. Es urgente que atienda a la alta parte contratante del Acuerdo», escribió Londoño, antes de asegurarle a Petro que puede contar con él y los anteriores firmantes «para lograr una paz estable, duradera y con justicia social para Colombia».

Poco después de la publicación de los mensajes, Santos afirmó que «el Gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño» y alertó que «lo que está sucediendo es muy grave».

En un intento de acallar las voces disconrdantes, la Oficina del Alto Comisionado de Paz emitió hoy un comunicado en el cual expuso las acciones que se tomarán.

Al respecto aseguró que se activó un mecanismo de emergencia con el Ministerio de Defensa, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización «para mitigar el riesgo de los habitantes de esta ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), y se llevó a cabo una reunión con delegados de los firmantes».

Esos espacios se crearon en Colombia tras la firma de los acuerdos para los exmilitantes de las FARC que se reincorporaban a la vida civil.

«El Gobierno Nacional no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos», sostuvo el Alto Comisionado citado por el diario colombiano El Tiempo.

Petro anunció esta semana la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y el denominado Estado Mayor Central, luego de que la Fiscalía General de la Nación suspendiera 19 órdenes de captura que pesaban contra integrantes de las disidencias que lidera el jefe Iván Mordisco.

Fuente: Télam.