El Tribunal Oral Federal N°5 inició el debate por el presunto desvío de más de $200 millones destinados a viviendas sociales. Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender, entre los principales acusados
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dio inicio al juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, luego de una instrucción que se extendió durante 15 años. En el proceso se investiga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
Entre los principales imputados figuran los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, acusados por presunto fraude a la administración pública.
Ante los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg, se realizó la lectura de las acusaciones y los requerimientos de elevación a juicio presentados tanto por la fiscalía como por la querella, que impulsa la Unidad de Información Financiera (UIF).
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Según la imputación, De Vido y López —junto al exsubsecretario Abel Fatala— son considerados coautores, mientras que los hermanos Schoklender están señalados como partícipes necesarios. En tanto, los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin fueron acusados como partícipes secundarios.
Tras las lecturas preliminares, varios imputados optaron por no declarar. De Vido negó “total y categóricamente” los hechos y se remitió a la indagatoria brindada durante la etapa de instrucción.
La fiscalía solicitó la citación de 92 testigos y sostuvo que las adjudicaciones de obras se realizaron sin licitación previa. Además, afirmó que el Ministerio de Planificación aportaba el financiamiento, mientras que municipios y provincias se encargaban de la fiscalización técnica secundaria.
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Entre las irregularidades señaladas figuran la falta de controles e inspecciones por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales, así como la ausencia de monitoreo en la planificación y ejecución de las obras.
El juicio, que se prevé extenso por la cantidad de imputados y pruebas acumuladas, buscará determinar si existió un esquema sistemático de desvío de fondos en uno de los casos más emblemáticos vinculados a la obra pública y organizaciones sociales en Argentina.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
