El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 estará a cargo del debate y juzgará a D’Alessio como miembro de una banda que se dedicaba, entre otras cosas, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.
El debate comenzará en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py y tendrá nueve imputados; ocho querellas -una será la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e intervendrá como fiscal a Marcelo Colombo, indicaron a Télam fuentes judiciales.
EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más según surge del expediente judicial al que accedió agencia. Entre los testigos están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.
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El falso abogado llegará al juicio detenido, dado que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años y cuatro meses en la cárcel de Ezeiza, recordaron las fuentes consultadas.
D’Alessio, además, fue condenado a cuatro años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó, en 2021, por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.
En este nuevo debate serán juzgados también los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, que actuaba de guardaespaldas de D’Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, acusados por supuesto lavado de dinero.
También se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaba las bases de Migraciones para obtener de modo ilegal información de distintas personas, como fue el caso Rosenkrantz.
Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado «Buenos Aires», por medio del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.
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A los acusados de les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que «planificó» y, en algunos casos, «ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación», según el requerimiento de elevación a juicio.
El debate oral está a cargo de las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y del juez Nicolás Toselli.
