El juicio oral y público contra Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, comenzará este lunes en Rawson. El dirigente sindical está acusado de presunta administración fraudulenta en perjuicio del gremio, por movimientos de dinero desde cuentas de la organización hacia cuentas particulares.
El debate estará a cargo de la jueza Karina Breckle y la acusación será sostenida por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP), encabezada por el fiscal Lucas Papini. También intervendrán representantes de un grupo de afiliados que participan como querellantes.
De acuerdo con la investigación, Quiroga habría autorizado transferencias de fondos sindicales a cuentas personales propias y de integrantes de su entorno familiar. Los movimientos cuestionados fueron estimados inicialmente en más de 22 millones de pesos, aunque la Fiscalía sostiene que, tras la actualización monetaria, el monto supera los 500 millones.
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Durante las audiencias se examinarán registros bancarios obtenidos mediante el levantamiento del secreto bancario, además de documentación y testimonios destinados a establecer si existieron irregularidades en la administración de los recursos de ATE. Está prevista la declaración de alrededor de un centenar de testigos, entre peritos, investigadores y personas vinculadas con el funcionamiento del sindicato.
La causa llegó a juicio después de que la jueza Eve Ponce rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del dirigente y habilitara las acusaciones de la Fiscalía y de los querellantes. El proceso se extendería durante varias jornadas, debido a la cantidad de pruebas y testimonios previstos.
La Fiscalía solicitará una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva, mientras que las querellas anticiparon que pedirán hasta cuatro años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos sindicales. El tribunal deberá evaluar las pruebas y determinar si se acredita la responsabilidad penal de Quiroga, quien llega al debate acusado y cuya culpabilidad aún debe establecerse judicialmente.
