El tribunal de control resolvió extender la medida por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, luego de un pedido de la Fiscalía basado en el riesgo de fuga.
La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió mantener la prisión preventiva de V. C. L., condenado a ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. La decisión fue adoptada este viernes durante una audiencia de control realizada en el marco de la causa.
La representante del Ministerio Público Fiscal, Lorena Garate, solicitó que la medida continúe debido a que, según planteó, no se modificaron las circunstancias que habían fundamentado su dictado. En particular, sostuvo que persiste el riesgo de fuga y pidió que la prisión preventiva se extienda por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.
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La defensa, a cargo de la defensora pública María de los Ángeles Garro, informó que presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que todavía no recibió respuesta. La representación de V. C. L. no se opuso al pedido de la Fiscalía.
Finalmente, las juezas Daniela Arcuri y Raquel Tassello, integrantes del tribunal de control, resolvieron hacer lugar al planteo fiscal y mantener la prisión preventiva bajo las condiciones solicitadas. De esta manera, la medida continuará vigente hasta por seis meses o hasta que quede firme la sentencia, según cuál de las dos circunstancias ocurra primero.
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El caso se inició con una condena dictada en marzo de 2024 por un Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia, que impuso a V. C. L. ocho años de prisión, accesorias legales y costas. Además, estableció la realización de un tratamiento psicológico durante la ejecución de la pena.
Posteriormente, la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia confirmó íntegramente la sentencia. La defensa presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, que fue declarada inadmisible, y luego el máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario federal.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal general María Laura Blanco, mientras que el debate oral fue sostenido por el fiscal Martín Cárcamo. En este tipo de causas intrafamiliares, el Ministerio Público Fiscal utiliza las iniciales del condenado para evitar que la difusión de su identidad permita identificar indirectamente a la víctima y así preservar su intimidad.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
