El fiscal Teodoro Nürnberg reclamó penas para exmilitares, expolicías y un exintegrante de Prefectura por secuestros, tormentos y otros delitos cometidos contra 23 víctimas durante la dictadura. También pidió profundizar la investigación.
El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves penas de entre 3 años y medio y 19 años de prisión para seis acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Las Casitas”, que funcionó en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins de Comodoro Rivadavia durante la última dictadura militar.
El fiscal general Teodoro Nürnberg expuso su alegato ante el Tribunal Oral Federal, integrado por Ana María D’Alessio, Enrique Baronetto y Alejandro Cabral. Durante seis horas describió el funcionamiento del circuito represivo en la región, detalló los hechos investigados y fundamentó el pedido de penas. Entre los acusados hay exmilitares, expolicías de Santa Cruz y un exintegrante de Prefectura Naval.
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Nürnberg solicitó 19 años de prisión e inhabilitación perpetua para Raúl Pantaleón Cruz, a quien consideró partícipe necesario de múltiples hechos de violación de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, apremios ilegales y tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos. También pidió 14 años de prisión para el expolicía Mario Enrique Pérez, 11 años para el ex prefecto Alfredo Pablo Lisseri y 9 años para el expolicía Francisco Olegario Sevilla. Para Eduardo Rodríguez reclamó 5 años de prisión y para Fernando Pedernera, 3 años y 6 meses, como partícipes secundarios. En cambio solicitó la absolución de Rafael Augusto Manuelides.
El juicio, iniciado en agosto, revisa los crímenes cometidos contra 23 víctimas secuestradas en Comodoro Rivadavia, localidades de Santa Cruz y La Plata. Algunas de ellas fueron trasladadas desde los penales de Rawson y Trelew. Entre las víctimas figura Guillermo Silvera, militante universitario aún desaparecido.
Durante su exposición, Nürnberg recordó que en Comodoro funcionaron varios centros clandestinos bajo control militar, entre ellos la Policía Federal, la Prefectura Naval, el Regimiento 8, el Batallón Logístico IX y comisarías locales. Sobre “Las Casitas”, remarcó que los testimonios de las víctimas coincidieron en que se trataba de una unidad militar donde operaba un circuito ilegal de detenciones.
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El fiscal también se refirió al rol del Poder Judicial en la época y cuestionó la actuación del fallecido juez federal de Rawson, Omar Garzonio, a quien señaló por desestimar denuncias de torturas. Recordó que la causa sufrió décadas de demoras debido a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que prolongó el reclamo de justicia de las víctimas y sus familias.
Finalmente, destacó que la investigación debe continuar para identificar a otros responsables que aún no fueron juzgados. “Este expediente contiene nombres que no fueron investigados y víctimas que no pudieron contar lo que vivieron. No nos es indiferente el paso del tiempo”, expresó.


