El escrito fue enviado al titular del área de Asuntos Indígenas de Chubut, Rubén Romero Saihueque, por parte de las comunidades Mapuche-Tehuelche Mallin de los Cual, Los Pinos, Taquetren, Lof Lefimi, Chacay Oeste y Laguna Fría.
Allí denuncian que fueron intimidados por personal policial y empleados de las comunas, cuando se los invitaba a participar de una “reunión informativa y abierta al diálogo” para el lunes y martes pasado.
Los pobladores fueron notificados “mediante aprietes, utilizando frases como ‘te tenés que entregar’ –además que- la convocatoria se realizó dividiendo el territorio Mapuche Tehuelche según las jurisdicciones de la administración estatal sin advertir que las decisiones siempre las debatimos y tomamos en conjunto”.
En esta línea, remarcaron también que la “convocatoria” se efectuó “48 horas antes de la fecha de reunión sin respetar los tiempos necesarios para que las comunidades nos organicemos, no se tuvo en cuenta que la mayoría de los miembros se encuentran en el campo y que en esta fecha están realizando trabajos programados con su hacienda”.
Por otra parte, subrayaron que “el fracaso de esta convocatoria se hubiera podido evitar si los representantes del Gobierno se hubiesen comunicado previamente con las autoridades comunitarias, sin presiones”.
Ello, con el fin de “acordar la fecha de realización, el objetivo y la agenda de la misma, con un tiempo suficiente para que las comunidades nos organicemos”.
Lamentaron así que esta “no es la primera vez que advertimos sobre esta falta de respeto a nuestras formas tradicionales de proceder. Y aunque en oportunidades anteriores hemos solicitado verbalmente se tenga en cuenta nuestra cosmovisión, vemos con desazón, que se vuelven a repetir las mismas prácticas”.
Es por ello, y ante “la intempestiva convocatoria del Gobierno a extraordinaria para el viernes 5 es que exigimos una vez más que el Estado cumpla con el deber constitucional de respetar y hacer efectivo nuestro Derecho de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado antes del tratamiento o aprobación del proyecto de Ley 128/20”.
Añadieron en este aspecto, que “para que dicha consulta sea válida, debe realizarse de buena fe, respetando las circunstancias en las que se efectúa, las costumbres y tiempos de nuestras comunidades, y con miras a la obtención de un acuerdo o consentimiento sin acudir a engaños, amenazas o violencias contra nosotros”.
Es por ello que “entendemos que a tales efectos, en primer término, es necesario elaborar un protocolo de consulta Y Consentimiento Previo, Libre e Informado consensuado por las comunidades”.
