La presunta descarga de efluentes industriales sin tratamiento al Golfo Nuevo volverá a ser analizada por la Justicia a partir del 5 de noviembre, cuando comience un nuevo juicio oral en los Tribunales de Puerto Madryn. La causa busca determinar las responsabilidades por el vertido de líquidos con niveles de materia orgánica que, según las pericias incorporadas a la investigación, superaban ampliamente los límites establecidos por la normativa ambiental.
El proceso tiene como imputados a Nadine Parry, responsable ambiental de Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., y Josep Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes de la empresa. Ambos deberán afrontar un nuevo debate luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar, por unanimidad, a la impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal y dejara sin efecto la absolución dictada inicialmente por la jueza Patricia Reyes.
La investigación se inició tras detectarse un presunto sistema clandestino de descarga de líquidos industriales al mar. De acuerdo con la acusación fiscal, durante 2023 se habrían vertido efluentes sin el tratamiento correspondiente, con concentraciones de materia orgánica muy superiores a las permitidas por la legislación vigente.
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Uno de los principales elementos de la causa son los resultados de los análisis de las muestras recolectadas. Durante el debate anterior, el fiscal Alex Williams señaló que, mientras la normativa establece un límite de 50 miligramos por litro, las pericias registraron valores superiores a los 1.500 miligramos por litro. Es decir, concentraciones que superaban en más de 30 veces el parámetro mencionado por la fiscalía.
Estos datos constituyen uno de los puntos centrales de la acusación, que busca establecer cómo se produjo la descarga, qué controles se realizaron sobre los efluentes y cuáles fueron las responsabilidades de las personas imputadas. La causa vuelve así a poner en el centro de la discusión el control de los residuos industriales y la prevención de posibles impactos sobre el ambiente marino del Golfo Nuevo.
El nuevo juicio estará a cargo de la jueza penal Yamila Flores, quien intervendrá como tribunal unipersonal. Por el Ministerio Público Fiscal actuarán los fiscales Alex Williams y Juan Pablo Santos, mientras que la defensa particular estará representada por Luis Ángel Novoa y Jorge Rubiolo.
El nuevo debate judicial permitirá revisar los hechos investigados y los elementos probatorios reunidos en la causa. Mientras tanto, la presunta contaminación del Golfo Nuevo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial y ambiental de Puerto Madryn, en un caso que plantea interrogantes sobre el tratamiento de los efluentes industriales, los mecanismos de fiscalización y la protección de uno de los principales ambientes costeros de la región.
