Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) fueron condenados por fraude tras aceptar un juicio abreviado, con penas que van de dos a dos años y medio de prisión en suspenso. La maniobra irregular consistió en contratar a la empresa de la esposa de uno de ellos para controlar refinerías de combustible.
El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal N° 2, que homologó el acuerdo de juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios. Todos reconocieron su responsabilidad en los hechos.
“El concurso privado terminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group S.R.L., empresa de la esposa de Fernández, por un monto de 1.080.000 pesos de 2010, eludiendo el proceso competitivo”, precisó la Fiscalía a cargo de Diego Luciani.
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El tribunal también declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a otros acusados por violación de los deberes de funcionarios públicos, un delito de menor escala penal. “Se actuó de manera coordinada desde el interior de Enarsa para concretar la contratación irregular”, remarcó Costabel.
El principal acusado en el juicio, Exequiel Espinosa, extitular de Enarsa y hombre de confianza de Julio De Vido, falleció el 30 de septiembre pasado por una afección pulmonar, antes de recibir sentencia.
Las penas fueron condicionales debido a la falta de antecedentes penales condenatorios. A los condenados se les impuso la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal durante el período de la condena.
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Rodrigo Maximiliano Palacios, aunque aceptó inicialmente el acuerdo, posteriormente buscó apelar la sentencia ante la Cámara de Casación, pero el recurso fue rechazado, confirmando la condena.
“El nivel educativo y la calidad de los funcionarios públicos fueron considerados agravantes, aunque se aplicó la ejecución condicional de la pena por no tener antecedentes”, explicó el tribunal.
Este caso reafirma la vigilancia sobre los procesos de contratación en empresas estatales y la importancia de garantizar transparencia en la gestión pública, evitando conflictos de interés y adjudicaciones irregulares.
Fuente y foto: La Nación
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