Tres integrantes de una organización que armaba perfiles ficticios para sortear controles migratorios recibieron penas de hasta cinco años de prisión por asociación ilícita.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a tres integrantes de una organización que ofrecía servicios ilegales para obtener visas de ingreso a Estados Unidos y gestionar ciudadanías extranjeras mediante documentación apócrifa. A través de un juicio abreviado acordado con el fiscal general Hernán Schapiro, los acusados reconocieron su participación en múltiples maniobras fraudulentas.
La jueza subrogante María Gabriela López Iñíguez homologó el acuerdo y dictó cinco años de prisión para Miguel Ángel Segovia, señalado como jefe de la banda, y penas de cuatro y tres años para Maximiliano Emanuel Rodríguez y Hernán Javier Verón, respectivamente. Los tres fueron condenados por el delito de asociación ilícita.
Según la investigación, la organización confeccionaba certificados de matrimonio falsos, escrituras de propiedad inexistentes, recibos de sueldo y resúmenes bancarios adulterados para presentar ante sedes diplomáticas. Además, reclutaban “acompañantes” que simulaban ser parejas de los aspirantes durante las entrevistas personales en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, con el fin de reforzar la apariencia de arraigo y solvencia económica.
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La causa se inició tras una denuncia de la representación legal de la embajada estadounidense, luego de que un migrante argentino fuera interrogado en el aeropuerto JFK de Nueva York por inconsistencias en su documentación. A partir de allí, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora avanzó con tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas y allanamientos que permitieron desarticular la estructura en abril de 2022.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 612 mil pesos, 10 mil dólares, teléfonos celulares, computadoras, contadoras de billetes y tres vehículos —un Hyundai Veloster, un Volkswagen T-Cross y un Toyota Yaris— además de documentación apócrifa y sellos falsificados. Las escuchas revelaron que los servicios ilícitos podían alcanzar tarifas de hasta 10 mil dólares por persona.
Si bien el juicio se centró en la asociación ilícita, un segundo tramo de la causa continúa en etapa de instrucción por falsificación de documentos y sellos oficiales, lo que podría derivar en nuevas condenas. La sentencia marca un antecedente en la persecución de redes dedicadas a manipular información para evadir controles migratorios internacionales.
