El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Formosa, condenó a cuatro integrantes de un equipo periodístico de La Nación a cinco días de arresto, una pena que puede sustituirse por una multa de $282.550 para cada uno. La resolución lleva el número 351/2026 y fue dictada por el juez Omar Padilla.
Los condenados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. El magistrado los consideró responsables de una infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, relacionada con el inicio de actividades sin cumplir determinados requisitos previos.
El hecho ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo del proyecto Hambre de Futuro realizaba entrevistas y filmaciones en la comunidad nivaclé de San José, en Las Lomitas. La cobertura se desarrolló junto con integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo y abordaba la situación de comunidades originarias de la provincia.
MIRÁ TAMBIÉN: Ordenaron la libertad de un femicida que estuvo 22 años prófugo
Según la reconstrucción del caso, los periodistas fueron denunciados por una supuesta alteración del orden público y por no retirarse de la comunidad cuando se les habría solicitado. Los integrantes del equipo negaron esas acusaciones y sostuvieron que contaban con autorización para realizar la cobertura.
FOPEA cuestionó la sentencia y señaló que durante aquella cobertura se habían producido seguimientos, vigilancia, una interceptación policial y la retención del equipo durante aproximadamente dos horas. La organización también sostuvo que el cacique Guillermo López, cuyo nombre figuró en la denuncia, posteriormente afirmó que no había promovido la acusación y que había firmado un escrito cuyo contenido desconocía.
La entidad también cuestionó que la Justicia utilizara como fundamento la falta de acreditación de matrícula profesional o vínculos laborales locales para sancionar a los periodistas. En paralelo, el juzgado absolvió a los cuatro profesionales de otra acusación vinculada con el artículo 77 inciso “a” del Código de Faltas, por considerar que no existían certezas suficientes sobre ese hecho.


