Foto: Diario Río Negro.
La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la responsabilidad de autoridades penitenciarias por el crimen de Argentino Pelozo Iturri y destacó que intentaron encubrir el caso para presentarlo como una muerte natural.
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la responsabilidad de integrantes de la cúpula regional y de la dirección de la ex Unidad 9 de Neuquén por el asesinato del interno Argentino Pelozo Iturri, ocurrido en 2008. En el fallo, los jueces sostuvieron que los acusados intentaron entorpecer la investigación para que el hecho fuera considerado una «muerte súbita e inesperada».
Según la resolución judicial, Pelozo Iturri fue sometido a torturas tras su ingreso al penal y recibió una brutal golpiza en distintos sectores de la unidad antes de ser trasladado al hospital Castro Rendón, donde finalmente falleció. La investigación determinó que también existieron maniobras para ocultar lo sucedido y falsear la documentación oficial.
En 2019, la Justicia condenó a prisión perpetua a ocho agentes penitenciarios por el homicidio, mientras que otros seis funcionarios recibieron penas menores por encubrimiento, omisión de denuncia y otras responsabilidades vinculadas al caso. Esas condenas fueron apeladas y ahora quedaron ratificadas por la Cámara de Casación.
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Los magistrados Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci señalaron que nunca estuvo en discusión la responsabilidad penal de los condenados y remarcaron que desde sus cargos de conducción contribuyeron a dificultar la investigación durante los primeros años del expediente.
El caso fue considerado histórico por tratarse del único juicio en Argentina por torturas seguidas de muerte en una cárcel federal que también alcanzó a las máximas autoridades penitenciarias por su responsabilidad institucional. Además, el fallo ordenó corregir el acta de defunción de la víctima para consignar que falleció por «torturas seguidas de muerte» y no por causas naturales.
La Procuración Penitenciaria de la Nación destacó que la resolución fortalece la responsabilidad penal de quienes permiten, toleran o encubren hechos de tortura en contextos de encierro y reafirma la obligación de prevenir, denunciar e investigar graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Fuente: Diario Río Negro.
