La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal luego de detectar 645 acreditaciones indebidas de haberes por un total de $981.148.567,88. La investigación administrativa identificó hasta el momento a 23 beneficiarios y determinó que las irregularidades se produjeron entre julio de 2022 y enero de 2026.
El caso comenzó a detectarse en febrero de 2026, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Tras la devolución de esos fondos, la Armada amplió la auditoría para establecer si se trataba de errores aislados o de una maniobra sistemática.
La investigación encontró diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación. Según la denuncia, determinados registros podían ser modificados antes de transmitir los archivos de pago para aumentar importes o incorporar acreditaciones sin respaldo. Luego, los registros eran restituidos a sus valores originales, de modo que las modificaciones no quedaban reflejadas en los recibos del sistema Haberes-Web.
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Entre los 23 beneficiarios identificados figuran militares en actividad y retirados, personal civil, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada. Estas últimas concentraron $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado.
La denuncia señala como principal acusado a un capitán de Navío Contador que se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Durante la investigación administrativa, habría reconocido conocer las acreditaciones destinadas a personas ajenas a la fuerza y afirmó que algunas operaciones se cargaban manualmente. Una de las beneficiarias identificadas recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86 y es esposa del oficial señalado.
La Armada modificó el circuito de pagos, trasladó la tramitación de las acreditaciones al Departamento Tesorería y estableció controles independientes de conciliación. El oficial fue relevado preventivamente y la documentación quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2. La investigación judicial deberá determinar el destino de los fondos y las responsabilidades individuales por las 645 operaciones detectadas.
Fuente: Infobae.
