La cerealera Vicentin denunció hoy que un juez de Rosario ordenó “el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía”, lo que le impediría el pago de salarios, mientras que desde la Justicia santafesina dijeron que el planteo solo alcanza “a personas físicas” vinculadas a una causa por presuntas estafas.
A través de un comunicado, Vicentin señaló que el juez Hernán Postma, a pedido del fiscal Miguel Moreno, “ha ordenado una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”.
Explicó que dicha medida consistió en ordenarle al Banco Central “el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía”.
Y evaluó que “la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa” y de otras firmas del Grupo.
Ante una consulta de la agencia Télam, un vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario explicó que “se solicitó el congelamiento de cuentas bancarias que corresponden exclusivamente a personas físicas, excluyendo a las que pertenezcan a personas jurídicas, sujetas a revisión del Banco Central de la República Argentina”.
Agregó que “estás cuestas de personas físicas son las que están vinculadas a personas investigadas, ya sea como titulares, cotitulares y/o apoderados”.
Finalmente, aclaró que “no alcanza la medida a cuentas que pongan en riesgo el pago de sueldos”, como denunció Vicentin.
Además, voceros judiciales indicaron que el fiscal Moreno, que investiga al anterior directorio de Vicentin por presuntas estafas, habló hoy con los abogados de la agroexportadora concursada para aclarar el asunto.
En su comunicado, Vicentin insistió en que las medidas judiciales tienen por objetivo perjudicar a la empresa en su proceso de concurso de acreedores.
“No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, señala el comunicado.
Además, agrega que “esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal”.
El fiscal Moreno pidió el allanamiento de la sede de Vicentin SAIC en la ciudad de Avellaneda, en el marco de una investigación por presuntas estafas de sus directivos a productores, corredores y bancos locales y extranjeros.
Durante una rueda de prensa realizada ayer en Rosario, Moreno explicó que él investiga “estafas que creemos que ocurrieron; ahora, siendo una sociedad la que comete las estafas tenemos que ver cómo se conformó la decisión societaria para cometer esas estafas”.
Añadió que los allanamientos tuvieron “como objeto saber concretamente quiénes van a ser imputados” y precisó que las personas investigadas son las que conformaron el directorio de Vicentin Saic desde 2018 hasta el concurso preventivo de febrero último.
En ese marco, y con el fin de preservar los intereses de los demandantes, el fiscal solicitó al juez Postma el congelamiento de cuentas bancarias de las personas físicas que integraron el directorio de la empresa, pero no las cuentas corporativas con las que opera, aclaró el MPA.
