En una sorprendente confesión, el régimen de Pyongyang ha reconocido que las ejecuciones de prisioneros se realizan en público, especialmente para aquellos que cometen “delitos extremadamente graves”. La declaración se dio en el marco de un escrutinio en la ONU sobre los derechos humanos en el país.
Corea del Norte ha admitido que lleva a cabo ejecuciones públicas de prisioneros, en un intento de justificar su historial de derechos humanos ante la comunidad internacional. Durante una sesión del examen periódico universal en la ONU, el régimen norcoreano reconoció que las penas de muerte a veces se realizan en público, especialmente en casos de delitos «extremadamente graves».
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El anuncio se realizó en un momento inusual, ya que, en el mismo espacio, la delegación norcoreana trataba de defender las condiciones de los derechos humanos en el país. Las organizaciones de derechos humanos habían denunciado durante años que el régimen de Kim Jong-un realiza ejecuciones públicas de prisioneros, incluyendo relatos de desertores que describen actos de tortura, mutilación de cuerpos y la obligación de otros prisioneros de presenciar las muertes.
En una declaración formal, Park Kwang-ho, director del Tribunal Central de Corea del Norte, explicó que en la mayoría de los casos, las ejecuciones son privadas y realizadas en lugares designados. Sin embargo, reconoció que en ocasiones excepcionales, se lleva a cabo una ejecución pública, generalmente cuando el criminal ha cometido delitos reiterados y ha causado graves daños a otras personas. Además, el propio régimen indicó que en estos casos, las familias de las víctimas pueden solicitar que la ejecución se realice públicamente para «saldar viejas cuentas».
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El historial de derechos humanos de Corea del Norte ha sido objeto de severas críticas por parte de la comunidad internacional, y su admisión de estas ejecuciones en público solo aumenta las preocupaciones sobre la falta de justicia y las condiciones inhumanas en las que viven los prisioneros en el país. En respuesta, organismos internacionales continúan instando al régimen a respetar los derechos fundamentales y a garantizar juicios justos.
Fuente: La Razón
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