El expresidente ecuatoriano Rafael Correa rechazó hoy desde Bruselas el pedido de captura en su contra emitido por la justicia de su país para que cumpla condena por corrupción y aseguró que el proceso por sobornos es un «monumental fraude procesal».
La justicia de Ecuador había solicitado el miércoles la «inmediata localización y captura» de Correa -quien reside en Bélgica- tras haber confirmado una condena a ocho años de cárcel, decisión que implica la inhabilitación del exmandatario para desempeñar cargos de elección popular.
Procesado en ausencia en el llamado «caso Sobornos», Correa y varios de sus colaboradores fueron acusados de recibir coimas a cambio de contratos con diversas empresas.
En una extensa nota Correa (que gobernó de 2007 a 2017) aseguró que «nunca en mi vida he recibido ni permitido un soborno. Este caso es un monumental fraude procesal que no se podrá sostener en el tiempo», informó la agencia de noticias AFP, que tuvo acceso a ese texto.
En su descargo, el expresidente señaló que ha sido «involucrado por las cosas más inverosímiles en más de 30 investigaciones penales y otras tantas auditorías de Contraloría», y aseguró que en todo el proceso por los sobornos «las posibilidades de un juicio justo siempre fueron nulas».
Eso ocurre, apuntó, por oponerse «frontalmente al desgobierno de Lenín Moreno», quien fue su vicepresidente y aliado entre 2007 y 2013.
Por su parte, el abogado de Correa, Christophe Marchand, señaló en otra nota que «no hay una justicia independiente e imparcial para el señor Correa en Ecuador».
De acuerdo con Marchand, el actual gobierno de Ecuador «no ha retrocedido ante nada» para evitar que el expresidente retorne a la política en el país. «Ningún caso de extradición es posible en tales condiciones», aseguró el abogado.
A pesar de estas acusaciones judiciales, ratificadas por un tribunal de segunda instancia, Correa registró esta semana vía internet su inscripción como candidato a vicepresidente de la república en las elecciones previstas para febrero, en una fórmula con el economista Andrés Arauz, aunque la agrupación lanzó al periodista Carlos Rabascall como eventual substituto del expresidente, previendo que esta inscripción será anulada.
El expresidente sostiene que es inocente y que fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria, que alega eran un préstamo de un fondo de su partido.
La justicia también dispuso al ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como expresidente.
El abogado de Correa en Ecuador, Fausto Jarrín, dijo el miércoles a AFP que el exmandatario se enfrenta a «un proceso de venganza a través de la función judicial».
«La sola mención de la posibilidad de que él [Correa] sea candidato genera este tipo de reacciones en toda la institucionalidad del Estado», señaló Jarrín.
