Según la justicia es «dudosa» la creación y de una fundación privada para administrar los unos 500 millones de dólares que el fisco brasileño iba a recibir de las empresas constructoras que admitieron corrupción.
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El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ordenó investigar por supuesta corrupción a la ONG Transparencia Internacional debido a que se había sumado a la estrategia del entonces jefe de fiscales de la operación Lava Jato Deltan Dallagnol, de crear una fundación con el dinero de las multas pagadas por empresas que admitieron sobornos para ganar contratos en la petrolera Petrobras.
La decisión fue del juez Antonio Dias Toffoli, quien la semana pasada suspendió el proceso por el pago de multas de la constructora Odebrecht en la Operación Lava Jato al considerar que existen sospechas de que las confesiones en realidad fueron acuerdos con la fiscalía para poder solucionar el caso, violando la ley de la delación premiada, que exige voluntad del incriminado.
La idea de la fundación había sido anunciada en 2015 por el entonces fiscal Dallagnol, quien abandonó el Ministerio Público luego de que STF descubriera que participó de maniobras políticas para acusar y encarcelar en 2018 al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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La decisión de Toffoli se basa en un informe penal presentado por el diputado federal Rui Falcão, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y los abogados Marco Aurélio Carvalho y Fernando Hideo.
Las constructoras hicieron acuerdos por un plazo de 23 años para pagar 2.300 millones de dólares en multas al gobierno federal brasileño, estados, municipios, Suiza y Estados Unidos.
Dallagnol fue electo diputado federal en 2022 por el bolsonarismo pero perdió su mandato porque la justicia electoral entendió que se presentó a un cargo con fueros para escapar de investigaciones de los delitos cometidos durante la Operación Lava Jato, en la cual actuó junto con el exjuez federal Sergtio Moro, hoy senador que enfrenta un pedido de destitución.
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Según el juez Toffoli, la investigación es para saber cómo actuó Transparencia Internacional durante este período y si gestionó parte de los recursos. El ministro ordenó al Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU) y a la Contraloría General de la Federación (CGU) participar en la investigación.
En un comunicado, Transparencia Internacional afirma que «las informaciones que indican que los montos recuperados a través de acuerdos de clemencia serían recibidos o gestionados por la organización son falsos».
Fundada en 1993, Transparencia Internacional promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Todos los años publica el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
FUENTE: TÉLAM.