La habilitación de la caza de fauna autóctona en provincias como Río Negro, Entre Ríos y Santa Cruz generó fuertes críticas de organizaciones ambientales, que advierten sobre la ausencia de información científica y de controles efectivos. En Entre Ríos, por ejemplo, se permitió la caza de hasta 150.000 coipos, una especie considerada de valor especial en áreas protegidas.
Especialistas recuerdan que casos similares se dieron en Santa Cruz, donde se había autorizado la caza de pumas y guanacos, aunque la medida fue revertida tras el reclamo de sectores conservacionistas. Según expertos, si bien la caza puede justificarse en especies exóticas o invasoras, la situación es diferente cuando se trata de animales nativos que cumplen un rol clave en los ecosistemas.
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Desde Aves Argentinas plantearon por primera vez una postura institucional en contra de la caza que ponga en riesgo a las especies y sus hábitats. La organización reclamó aplicar el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que establece que, ante la falta de información suficiente, no deben tomarse decisiones que impliquen un daño irreversible. “No hay datos poblacionales ni estudios sólidos; en este contexto no deberíamos seguir habilitando cazas”, señaló Francisco González Táboas, directivo de la entidad.
La Fundación Vida Silvestre también advirtió sobre una “deuda histórica” en materia de control y cumplimiento de normativas. Denunció, además, prácticas ilegales como el uso de perros para cazar ñandúes y venados de las pampas. Para la ONG, la pérdida de biodiversidad se suma al cambio climático y la contaminación como una de las tres grandes crisis ambientales globales que enfrenta la humanidad.
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Entre las especies más afectadas por la presión de la caza se encuentran el cardenal amarillo y el pato crestudo, cuya población está en retroceso. Ante este panorama, las organizaciones proponen impulsar alternativas como el turismo de naturaleza, que genere ingresos sin comprometer la conservación del patrimonio natural argentino.
Fuente: TN.
