Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron enviadas a juicio oral y público en una causa federal por presunta comercialización de marihuana y cocaína en Puerto Madryn. Según la acusación, la organización utilizaba aplicaciones de mensajería para contactar compradores, acordar precios y coordinar entregas, mientras que las operaciones de cobro se realizaban mediante transferencias y billeteras virtuales. La investigación identificó conexiones con un proveedor de la provincia de Buenos Aires.
La causa se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre movimientos compatibles con la venta de drogas en el barrio Oeste. A partir de ese dato, los investigadores realizaron durante quince semanas tareas de vigilancia, registros fotográficos y filmaciones. La Fiscalía sostiene que uno de los principales imputados, Maximiliano Lorenzatto, habría comercializado marihuana desde un departamento de la calle Santa Cruz al 600 entre enero y abril de 2025, mediante entregas directas y encuentros coordinados con compradores.
La pesquisa avanzó el 21 de abril de 2025, cuando Lorenzatto fue observado al ingresar a la vivienda de Sergio Barría Barría, ubicada en Juan B. Justo al 2100, con una mochila que contenía un bloque de marihuana de más de 800 gramos. Durante el allanamiento se encontraron otros elementos vinculados, según los investigadores, con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, entre ellos envoltorios con cannabis, frascos con cigarrillos armados y semillas, restos vegetales y una balanza portátil. El procedimiento derivó en nuevos allanamientos durante la madrugada siguiente.
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De acuerdo con la acusación, Barría también habría vendido marihuana desde su domicilio y utilizado grupos de Telegram para ofrecer productos bajo expresiones propias del mercado ilegal. Otra de las imputadas, Micaela de los Ángeles Álvarez, habría participado en la distribución y coordinado operaciones con Lorenzatto, además de recibir una encomienda que contenía cerca de 400 gramos de marihuana en febrero de 2025. La cuarta acusada, Yésica Politi, es señalada por la Fiscalía como responsable de una línea de comercialización de cocaína desde una vivienda de la calle José Alberdi al 700, con entregas a clientes que llegaban a pie o en distintos vehículos.
Uno de los ejes centrales de la investigación fue el circuito financiero. Los investigadores detectaron 366 transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con los acusados. Según el expediente, Álvarez administraba un conjunto de cuentas en plataformas digitales y entidades bancarias, tanto en pesos como en dólares. También se analizaron los movimientos de Lorenzatto, cuyos ingresos registrados entre enero y abril de 2025 coincidían, según la Fiscalía, con horarios y montos relacionados con las presuntas ventas. Para los investigadores, esos movimientos habrían servido para recaudar dinero y realizar pagos al proveedor de Buenos Aires.
La acusación fue impulsada por los fiscales federales de Rawson Fernando Gélvez y Eduardo Vega. En función de los antecedentes de los imputados y de la participación que se les atribuye, la Fiscalía anticipó pedidos de penas de hasta seis años de prisión para Lorenzatto, cinco años para Barría, cinco años para Álvarez y cuatro años y seis meses para Politi. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el juicio, cuya fecha tendrá que fijar el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
