El defensor jefe de Puerto Madryn, Lucio Brondes, advirtió que la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil generó incertidumbre y temor entre adolescentes, en particular por la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. En diálogo con Radio 3 AM 780, cuestionó el enfoque de la normativa y sostuvo que la prevención del delito requiere políticas públicas que aborden las causas sociales antes de recurrir al sistema penal.
Brondes explicó que desde la Defensoría realizan encuentros informativos en establecimientos educativos para explicar los alcances de la ley. Según indicó, ya se desarrollaron actividades y tienen proyectadas más de 15 capacitaciones. “Hay como incertidumbre, temor, muchas inquietudes al respecto, cuáles son los parámetros de la ley, cuál es el procedimiento específico, cuáles son las eventuales sanciones que pueden recibir”, señaló sobre las consultas de los jóvenes.
El funcionario judicial explicó que la nueva normativa modificó el régimen anterior, amplió los delitos por los que pueden ser perseguidos penalmente los adolescentes y estableció un sistema especial. También incorporó principios vinculados con la Convención sobre los Derechos del Niño, las garantías procesales y la justicia restaurativa. Sin embargo, consideró que esos aspectos conviven con una orientación centrada en la responsabilidad penal. “Tiene un sesgo claramente criminalizante, a mi criterio, con esta baja”, afirmó en referencia a la edad de punibilidad.
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Para Brondes, el abordaje de los delitos juveniles no debería concentrarse en las sanciones, sino en las condiciones que pueden favorecer esas conductas. “Un régimen penal juvenil mal puede prevenir el delito, pero claramente cuando hay una imputación penal para adolescentes es síntoma de que ha fallado todo el sistema estatal anterior”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la intervención penal debería quedar como último recurso y que el Estado debe fortalecer las respuestas previas.
El defensor jefe remarcó la importancia de las políticas públicas vinculadas con educación, salud, vivienda y acompañamiento familiar. A su entender, la responsabilización penal y el encarcelamiento no pueden constituir la respuesta principal frente a los conflictos protagonizados por adolescentes. “La respuesta no debe ser esta responsabilización encarcelándolos, penalizándolos, sino apuntando a la justicia restaurativa”, expresó, aunque reconoció que este enfoque también está contemplado entre los principios de la ley.
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Otro de los argumentos expuestos por Brondes fue el peso estadístico de los delitos atribuidos a menores de edad. Aseguró que tanto a nivel nacional como provincial representan una proporción reducida en comparación con los hechos cometidos por adultos. “Se pone el acento como que uno de los ejes de la inseguridad son los delitos cometidos o imputados a adolescentes, y esto no es así”, manifestó. Sus declaraciones apuntaron a cuestionar que el endurecimiento de las respuestas penales sea presentado como una solución central a la inseguridad.
En cuanto a los primeros efectos de la aplicación de la norma, Brondes indicó que ya hubo aprehensiones e intervenciones judiciales, algunas de las cuales llegaron a audiencias de control de detención. También mencionó dudas sobre el alojamiento de los jóvenes y la capacidad de los dispositivos disponibles, entre ellos el Centro de Orientación Socioeducativo. Aclaró que la implementación todavía es reciente y que la adaptación de los espacios y procedimientos será progresiva.
Finalmente, el defensor jefe señaló que, aunque todavía es pronto para evaluar los resultados, percibió un incremento en las imputaciones desde la entrada en vigencia del régimen. Brondes sostuvo que su posición crítica no surgió con esta reforma, sino que la mantiene desde hace más de 25 años. Según planteó, las experiencias de endurecimiento penal en otros países no demostraron ser una solución suficiente y la prevención requiere intervenciones sostenidas en el ámbito educativo, sanitario y social.
