El Tribunal Superior Electoral exigió a la empresa que demuestre un trato equitativo para las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Facebook, Instagram y WhatsApp. La multa por incumplimiento fue elevada a un millón de reales diarios.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil le dio a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que sus plataformas garantizan condiciones de igualdad a las campañas presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre. La medida se adoptó tras denuncias cruzadas sobre presuntos sesgos en la distribución y visibilidad de contenidos políticos.
La resolución fue dictada por el juez Marco Aurélio Bellizze, quien elevó a un millón de reales brasileños diarios —unos 200.000 dólares, según la información difundida— la multa prevista ante el incumplimiento de las disposiciones electorales. La sanción se mantendría hasta el cierre del balotaje.
Las acusaciones involucran a los servicios digitales de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, y se suman a reclamos contra otras plataformas, como Google y X, por presuntos sesgos y circulación de contenidos engañosos durante la campaña. Desde el espacio de Lula denunciaron restricciones a la difusión y promoción paga de publicaciones vinculadas al actual presidente y a sectores políticos cercanos.
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Por su parte, el equipo de Flávio Bolsonaro cuestionó el canal de WhatsApp “Exército de Lula”, que supera los cuatro millones de seguidores, y lo denunció por presunta desinformación. El TSE desestimó esos planteos y permitió que continuara funcionando. Sin embargo, los simpatizantes del senador sostuvieron que los algoritmos perjudicaban a su candidato y reclamaron garantías de igualdad en el ámbito digital.
La semana anterior, el tribunal había establecido nuevas obligaciones para Meta. Entre ellas, prohibió reducir artificialmente el alcance de publicaciones de cualquiera de los dos candidatos, excluirlas de recomendaciones, limitar su aparición en búsquedas o alterar las métricas para perjudicar a alguna campaña. También exigió que el asistente de inteligencia artificial Meta AI respondiera de manera equivalente a consultas sobre ambos aspirantes.
La resolución incluyó además la suspensión de publicidad electoral paga contratada por personas o entidades no autorizadas, en particular cuando se gestione desde cuentas en el extranjero. Meta también debía investigar 255 perfiles señalados como parte de una posible red no auténtica y revisar el etiquetado de inteligencia artificial en 1.204 publicaciones. El régimen inicial contemplaba una multa diaria de 500.000 reales.
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En una nueva revisión, Bellizze sostuvo que no había elementos suficientes para demostrar que los sistemas de Meta favorecieran o perjudicaran deliberadamente a alguno de los candidatos. Sin embargo, señaló que tampoco estaba acreditado el cumplimiento satisfactorio de todas las exigencias. El juez consideró insuficiente la sanción anterior ante la proximidad de la segunda vuelta. Meta había negado la existencia de sesgos en sus algoritmos y atribuido los incidentes detectados a fallas técnicas que afectaron a distintos mercados, incluido Brasil. Hasta el momento de la información difundida, la compañía no había respondido públicamente a la nueva resolución.
En paralelo, el TSE convocó a representantes de ambas campañas para advertir sobre el riesgo de que la contienda se convierta en una sucesión de demandas destinadas a retirar publicaciones, con posibles consecuencias para la libertad de debate. Según datos difundidos por AFP, tras la primera vuelta se habían registrado 162 recursos judiciales, más del triple que en el mismo período de las elecciones de 2022. La cifra refleja el peso creciente de las plataformas digitales en la disputa electoral y en la circulación de información entre los votantes.
Con información de WIRED.
