Las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo tienen cinco días hábiles para desalojar tierras en Villa La Angostura. La orden judicial encendió la alarma entre las familias, que se manifestaron frente a Casa de Gobierno en Neuquén.
Verónica Amancay, lonco del Lof Quintriqueo, exigió al gobierno provincial que no colabore con la fuerza pública. “Vinimos a decirle a las autoridades que pueden frenar el desalojo”, declaró junto a Lucas Melo durante una protesta acompañada por los seis consejos zonales de la Confederación Mapuche del Neuquén.
Las comunidades presentaron una medida cautelar ante la CIDH, apelando al derecho a permanecer en su territorio. Denunciaron que la ejecución judicial impulsada por una particular se da en un contexto de alta tensión social y sin agotar instancias de diálogo.
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El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, reconoció la personería jurídica del Lof y propuso una mesa de diálogo, además de advertir que el desalojo sin considerar a las infancias mapuches sería regresivo en materia de derechos.
El abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, pidió suspender el desalojo ante la Justicia, citando un nuevo hecho: la nota del gobierno que reconoce la necesidad de diagnósticos sociales antes de proceder. También denunció al juez Bonorino por no respetar las garantías mínimas.
El caso, aún bajo análisis de la Corte Suprema, tomó dimensión nacional. La Confederación Mapuche advirtió que una ejecución forzada violaría tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. El gobierno provincial debe decidir si avanza con el desalojo o prioriza el diálogo.
Fuente: La Mañana de Neuquén.
