El Gobierno Nacional publicó esta semana un decreto que delega en los gobiernos provinciales y municipales la responsabilidad directa de asistir a las personas en situación de calle, principalmente familias que sufren las consecuencias de la crisis socioeconómica. La medida, incluida en el decreto 373, modifica la Ley 27.654 y genera preocupación entre organizaciones sociales y sectores políticos.
En el primer Encuentro Federal de Diálogo y Articulación para el Relevamiento de Personas en Situación de Calle, convocado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participaron representantes de 19 jurisdicciones, quienes compartieron experiencias y herramientas para afrontar el desafío local. A pesar de esto, desde el Ministerio de Capital Humano afirmaron que mantienen su rol de «órgano rector», aunque la ejecución práctica queda ahora a cargo de las provincias.
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La Ley 27.654, sancionada en 2021, establece que el Estado nacional debe garantizar integralmente los derechos humanos de quienes están en situación de calle o en riesgo de caer en ella, asegurando el acceso a la vivienda y protección integral. Sin embargo, la reciente normativa reduce el papel del Ejecutivo a un rol de supervisión, dejando a los gobiernos locales la responsabilidad de la asistencia directa.
Esta nueva estrategia ha despertado críticas por dejar en manos de las provincias y municipios la difícil tarea sin asignar recursos adicionales ni asegurar un acompañamiento efectivo. La preocupación radica en que la crisis económica y social continúa en aumento, y las capacidades locales pueden ser insuficientes para responder a las necesidades de quienes más vulnerabilidad sufren.
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Desde el Gobierno, en cambio, destacaron la importancia del diálogo federal y la colaboración entre niveles de gobierno, asegurando que el compromiso con la protección social se mantiene vigente. No obstante, el debate sobre el rol real del Estado nacional en la problemática de las personas en situación de calle continúa abierto.
Fuente: Minuto Uno.
