Una familia del barrio privado Dalvian, en Mendoza, acusó a un obrero de zoofilia contra su mascota. La causa por maltrato animal está a cargo del fiscal Martín Lucero y se encuentra bajo secreto de sumario.
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Una grave denuncia sacude al barrio privado Dalvian, ubicado a cinco minutos de la ciudad de Mendoza, donde una familia acusó a un albañil contratado para remodelaciones en su vivienda de haber cometido un acto de zoofilia contra su perra. Los primeros indicios surgieron cuando los dueños notaron lesiones en la zona genital del animal, según informó el medio local El Sol.
Ante la sospecha, la familia revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio. Fue entonces cuando, según reportes de Los Andes, se habrían escuchado los gemidos de sufrimiento de la mascota, lo que reforzó la denuncia contra el trabajador. La investigación del caso quedó en manos del fiscal Martín Lucero, de la unidad especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y los Animales, bajo secreto de sumario, por lo que aún no se confirmaron detalles sobre las pruebas audiovisuales.
Legalmente, la causa se encuadra bajo la Ley Sarmiento (Ley 14.346), que protege a los animales contra maltratos y sufrimientos intencionales. Aunque la zoofilia no está expresamente tipificada en el Código Penal argentino, esta normativa contempla sanciones para quienes torturen o causen daño innecesario a los animales. En declaraciones a Los Andes, el abogado especializado en derecho animal Oscar Mellado explicó que la zoofilia puede considerarse delito bajo el Artículo 3, inciso 7 de dicha ley, que sanciona actos de tortura y sufrimiento hacia los animales.
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El caso recuerda una condena emblemática en La Pampa en 2012, donde un individuo fue sentenciado a 11 meses de prisión por un delito similar, marcando un precedente judicial en la región.
Por su parte, la empresa encargada del barrio privado Dalvian S.A. emitió un comunicado aclarando que el albañil ingresó al conjunto residencial contratado de forma particular por la familia afectada, y no con autorización ni intervención de la seguridad del barrio. La empresa enfatizó que no tuvo responsabilidad en el ingreso ni en la confirmación de los hechos y destacó sus protocolos de seguridad, que no fueron vulnerados por su personal. Además, señalaron que ya tomaron medidas de resguardo mientras avanza la investigación judicial.
Este caso ha generado gran conmoción en Mendoza y abre el debate sobre la protección legal de los animales y las sanciones en casos de abuso, además de poner en foco la seguridad en barrios privados ante el ingreso de terceros contratados por residentes.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
