El Presidente regresa al país para firmar una batería de medidas desreguladoras que vencen el 8 de julio, entre ellas recortes, cierres de organismos y reformas estructurales que el Gobierno considera clave antes del recambio legislativo.
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Javier Milei vuelve este sábado de su gira internacional más extensa en un contexto de máxima expectativa política. En la Casa Rosada lo esperan con apuro: restan menos de cuatro semanas para que venzan las facultades delegadas que le otorga la Ley Bases, y el Ejecutivo necesita su firma para concretar una serie de decretos antes del 8 de julio.
Según fuentes oficiales, hay al menos 13 decretos que ya están redactados y listos para salir. Estos abordan medidas como la reducción del gasto público, el cierre de organismos y una profunda centralización de funciones estatales. La urgencia responde a la expiración inminente de las atribuciones extraordinarias obtenidas con la sanción de la Ley Bases en 2024, que permitieron al Presidente sortear el Congreso en ciertas materias.
Entre las medidas más destacadas está la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría implicar despidos, venta de inmuebles y una transformación completa de su gobernanza. También están en la mira organismos como el Senasa, la ANMAT y la ANAC, así como el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación aún no fue reglamentada a pesar de haber sido anunciada hace meses.
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El Ministerio de Salud, Capital Humano y Economía son las carteras con mayor volumen de reformas pendientes. Sin embargo, funcionarios reconocen que cada decreto atraviesa un largo proceso de revisión legal, lo que complica aún más su implementación en los cortos plazos que se manejan. Además, desde el área de comunicación libertaria señalan que los anuncios podrían postergarse por el feriado y la eventual detención de Cristina Kirchner, lo que alteraría la agenda mediática.
Las reformas también apuntan a reducir el personal estatal, que bajó de 322.000 a 292.000 empleados en un año. En paralelo, se mantiene congelado el salario de los altos funcionarios desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas reclaman actualizaciones que no llegan desde octubre pasado.
La gran incógnita es qué ocurrirá con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, tras el vencimiento de las facultades delegadas. Si bien podría continuar con funciones consultivas, su poder real para impulsar cambios quedará notablemente reducido.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
