La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó sistemáticamente más de 6.000 habeas corpus presentados por familias que buscan la liberación de personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, que suspende varias garantías constitucionales.
El informe, titulado Desprotección Judicial, revela que la Sala de lo Constitucional recibió 6.415 demandas de habeas corpus entre 2022 y 2023, de las cuales solo 108 fueron admitidas a trámite (1,6 %). El resto fueron consideradas inadmisibles o improcedentes.
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«El rechazo sistemático y masivo de la Sala de lo Constitucional a demandas de habeas corpus de personas detenidas genera preocupaciones sobre la efectividad del acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales bajo condiciones extraordinarias», señala la DPLF en un comunicado.
El informe destaca que, en casos de máxima gravedad, como desapariciones forzadas, mujeres en estado de gestación o madres de niños lactantes, la Sala de lo Constitucional respondió solicitando una cantidad irrazonable de aclaraciones en lugar de brindar protección urgente.
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Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de DPLF, advirtió que la evidencia sugiere que el derecho a presentar habeas corpus «podría estar suspendido de facto». También afirmó que el acceso a este recurso se ha endurecido hasta hacerlo casi inaccesible, especialmente para las personas en situaciones más vulnerables.
El Salvador ha estado bajo régimen de excepción desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a pandillas. Según las autoridades, más de 80.000 personas han sido detenidas, de las cuales unas 7.000 han sido liberadas condicionalmente. Sin embargo, organizaciones humanitarias reportan más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas, además de 303 muertes bajo custodia del Estado.
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El régimen de excepción es una medida muy popular del gobierno de Nayib Bukele, que le permitió ser reelegido para un segundo mandato consecutivo, a pesar de la prohibición constitucional.
FUENTE: DW.
FOTO: REUTERS.