La principal coalición opositora de Venezuela, la PUD, denuncia una escalada en la persecución política y detenciones masivas tras los cuestionados comicios del 28 de julio, en los que el antichavismo acusa fraude.
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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, ha alertado sobre una intensificación de la persecución política en el país luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que el bloque considera fraudulentas. En un comunicado difundido el sábado a través de la red social X, la PUD denunció que la represión ha alcanzado «niveles inhumanos y críticos» con más de 2.400 detenciones en los últimos 13 días.
Estas detenciones se han producido en el contexto de protestas poselectorales, así como en operativos policiales y militares en distintas partes del país. La coalición sostiene que las personas detenidas han sido «secuestradas» por expresar su deseo de un cambio político y un futuro mejor para Venezuela.
En paralelo, el defensor de derechos humanos Koddy Campos denunció a El Diario que agentes de inteligencia intentaron ingresar a su domicilio en Caracas sin una orden judicial. Esta situación, según la PUD, es parte de una campaña de intimidación y represión contra quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.
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La coalición opositora sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen y agradeció el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que ha pedido la liberación de quienes han sido víctimas de «detenciones arbitrarias». La PUD también publicó el 83,5% de las actas electorales para respaldar su denuncia de fraude en los comicios.
La situación ha sido agravada por la violencia en las calles durante las protestas poselectorales, que, según la ONG Provea, han dejado un saldo de 24 civiles muertos, además de dos militares fallecidos y casi un centenar de agentes de seguridad heridos. La ONG Foro Penal informó que, hasta el sábado, se han verificado 1.303 arrestos, incluyendo a mujeres, adolescentes, indígenas y personas con discapacidad.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que revisará los documentos presentados por las organizaciones políticas y excandidatos en el marco del proceso de «validación» de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, esta victoria ha sido ampliamente cuestionada tanto a nivel nacional como internacional.
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Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y aliada del chavismo, informó que Edmundo González Urrutia fue el único de los 10 excandidatos que no compareció ante el tribunal para este proceso. González Urrutia considera que el tribunal favorecerá al gobierno en su denuncia de fraude.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado los resultados detallados de las elecciones, alegando haber sufrido un ataque cibernético el día de la votación. Este retraso ha sido criticado por varios países y organizaciones, incluido el Centro Carter, que participó como observador en los comicios.
Fuente y foto: DW
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