Una ONG advirtió que casi el 32% de los fallecimientos en cárceles salvadoreñas desde 2022 estaría vinculado a muertes violentas. Familiares denuncian falta de información oficial y posibles encubrimientos.
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La violencia física encabeza las causas de muerte de personas privadas de la libertad en El Salvador desde la implementación del régimen de excepción, según un informe presentado este miércoles por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). De acuerdo al relevamiento, cerca del 32% de los al menos 470 fallecimientos registrados en cárceles se vinculan a hechos violentos.
El documento, elaborado en base a testimonios de familiares debido a que la información oficial permanece bajo reserva, indica que el 31,8% de las muertes corresponderían a “hechos violentos”, mientras que un 31,6% estaría asociado a “falta de atención médica por enfermedades”. En otro 31,1% de los casos, las causas de fallecimiento no pudieron ser determinadas. El resto se distribuye entre muertes por enfermedades terminales (4,7%) y aparentes suicidios (0,9%).
Desde la ONG señalaron que en numerosos expedientes no se habrían realizado inspecciones oculares completas ni investigaciones bajo la figura de homicidio, aun cuando los cuerpos presentaban signos visibles de violencia. Según el informe, en muchos casos las muertes fueron registradas como “sobreaveriguar”, una carátula que, sostienen, habría sido utilizada para evitar que se abran investigaciones penales.
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El SJH también denunció que los cuerpos fueron entregados en ataúdes cerrados y que, en algunos velatorios, se habría registrado presencia policial o militar con el objetivo de intimidar a las familias. Estas prácticas, remarcaron, impidieron a los allegados constatar el estado real de los restos y dificultaron eventuales reclamos judiciales.
El régimen de excepción rige en El Salvador desde marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a pandillas que dejó más de 80 muertos en un solo fin de semana. Desde entonces, la medida fue prorrogada de manera continua con el aval de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, y es defendida por el presidente Nayib Bukele como una herramienta clave contra el crimen organizado.
No obstante, el informe sostiene que el 94% de las personas fallecidas bajo custodia estatal no pertenecían a pandillas. En la mayoría de los casos, según la ONG, no existían antecedentes penales o estos no estaban relacionados con estructuras criminales.
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El relevamiento ubica a la cárcel de Izalco como el penal con mayor cantidad de muertes registradas, con 192 casos. En tanto, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada por el Gobierno, solo se reportaron cuatro fallecimientos, pese a que las autoridades aseguran que allí no se produjo ninguna muerte.
Organismos de derechos humanos reiteraron su preocupación por la situación carcelaria en El Salvador y reclamaron al Estado mayor transparencia, investigaciones independientes y garantías para las familias de las víctimas.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
