Federico Sturzenegger justificó la decisión al señalar que el organismo era usado como herramienta de persecución a periodistas críticos del kirchnerismo y anunció la reducción drástica de su estructura.
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El Gobierno nacional, a través de una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, decidió reducir drásticamente la planta de empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Dpsca). Según el ministro, este organismo, creado en 2009, “funcionaba como una herramienta de persecución hacia periodistas críticos del kirchnerismo” y justificó la medida al señalar que, desde su creación, costó 70 millones de dólares a los contribuyentes.
La resolución 107 establece la baja de 144 empleados a solo 40, además del remate del estudio de televisión portátil utilizado por el organismo. Sturzenegger calificó la decisión como un paso hacia la transparencia, asegurando que la medida “aliviana la estructura y restringe el uso del organismo como un mecanismo de persecución”. También planteó que el Congreso debería debatir la necesidad de instituciones como esta en el futuro.
En su cuenta en la red social X, el ministro criticó duramente las actividades de la Defensoría, que incluían visitas a la costa atlántica para actividades que, según él, “adoctrinaban en contra de los críticos del kirchnerismo”. Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de crecientes cuestionamientos al presidente Javier Milei por su estilo frontal y sus intercambios con la prensa, los cuales Sturzenegger defendió, comparándolos con el carácter polémico de Domingo Faustino Sarmiento.
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El funcionario destacó que las críticas hacia el estilo de Milei deben ser evaluadas por los ciudadanos, pero remarcó que su gobierno no utiliza recursos públicos para “comprar voluntades ni amedrentar opositores”. En contraste, acusó al kirchnerismo de haber usado fondos estatales para disciplinar a la prensa y controlar las narrativas públicas.
Con la reducción de personal y funciones, el Gobierno busca desarticular lo que considera una estructura excesiva y politizada, mientras que la continuidad de este tipo de organismos será materia de debate legislativo en el futuro.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
