La flexibilización laboral que el gobierno de Mauricio Macri intentó impulsar al comienzo de su gestión o la «industria de los juicios» que el mismo Presidente ha reprochado muchas veces tienen su correlato en el Correo Argentino, que volvió a manos del Estado como una sociedad anónima, después de haber terminado una larga concesión en manos precisamente del Grupo Macri.
Con la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación y la anuencia de las cinco entidades que agrupan a los trabajadores de los correos y comunicaciones, el Correo Argentino le paga a sus 18 mil empleados de todos el país el 70 por ciento del sueldo en sumas no remunerativas, o sea «en negro», sin cargas sociales ni aportes previsionales. Hasta aquí el capítulo enmarcado en la flexibilización laboral que pretende el gobierno.
El Correo y los sindicatos del sector también encarnan la lucha del gobierno contra la «industria de los juicios»: los trabajadores son obligados a renunciar a cualquier litigio en reclamo de sus derechos o de una recomposición salarial con la amenaza del despido, del no ascenso o no designación en determinada categoría.
El caso concreto es el del único empleado de Camarones, con 30 años de antigüedad, que este lunes 3 de junio recibió el telegrama de despido, justo estaba por dictarse sentencia por parte de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires que obligaría al Correo Argentino a resarcirlo con alrededor de 1 millón y medio de pesos por el pago de sumas no remunerativas.
La doctora Susana Marisa De los Ríos, patrocinante del empleado de Camarones y de muchos otros de todo el país, le reveló a Radio 3 que el propio trabajador se comunicó con ella para decirle que iba a revocarle el Poder Notarial porque debía resignarse a no cobrar el juicio para mantener su fuente laboral.
«Lo despidieron por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, de manera unilateral y sin causa. Pero el sindicato se comunicó con él y le dijo que si desistía del reclamo judicial podría ser reincorporado», develó la letrada.
«Ya han sido varias las personas que reciben los telegramas de despido e inmediatamente son extorsionados por el propio sindicato o jefes de las sucursales para que renuncian a los reclamos judiciales y puedan mantener el empleo», acusó De los Ríos.
«En el caso de este señor, tiene personas a su cargo. Prefiere renunciar a cobrar alrededor de 1 millón y medio de pesos con la promesa de reincorporación», graficó la defensora.
«Es una arma de doble filo porque como lo obligan a renunciar a la acción y a sus derechos, si en tres meses lo quieren despedir, lo van a hacer por mucho menos dinero», fundamentó De los Ríos.
«La verdad que necesitamos hablar con el algún representante de alto rango del gobierno, un ministro o alguien de peso, porque mientras se jactan en la teoría de vapulear el trabajo en negro, en la práctica el propio estado nacional propician el pago del 70 % de sumas no remunerativas para sus trabajadores», cuestionó.
El renunciar a la acción judicial le costará además un alto precio al mismo trabajador porque deberá hacerse cargo de los honorarios de los peritos y abogados.
«Deberá pagar además una tasa por el desistimiento porque si bien actúa con un beneficio de gratuidad, movilizó toda una estructura judicial para que al momento de llegar a la sentencia desiste de la acción», subrayó la abogada.
«Incluso el mismo juez, más allá que sea de otra jurisdicción, cita al trabajador y le pide explicaciones. Nadie entiende porque alguien que está cerca de cobrar sumas tan importante desiste abruptamente de la acción», aseveró.
El párrafo final fue para remarcar la complicidad del Ministerio de Trabajo y los propios sindicatos que lejos de defender a los trabajadores, también se convierten en sus propios verdugos.
