El Ministerio de Defensa detectó irregularidades por un monto de 200 millones de pesos en contratos celebrados durante la gestión de Cristina Kirchner. Según fuentes de la cartera a cargo de Luis Petri, estos contratos incluían la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores, y se inició una investigación para esclarecer el destino de estos fondos y las adquisiciones presuntamente realizadas.
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Entre los proyectos se encuentra el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), que tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados. Pese a haberse destinado 200 millones de pesos, los drones nunca fueron completados. Además, se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100, que tampoco se materializaron.
En 2015, el gobierno suscribió un convenio con el INVAP para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados por un monto de más de 2 mil millones de pesos. De esta suma, el Ministerio de Defensa abonó 200 millones, pero el contrato quedó pendiente en 2016. En 2017, el entonces ministro Oscar Aguad solicitó un informe al INVAP sobre el grado de avance del contrato SARA y sus costos detallados.
Luis Petri declaró a El Observador: “Se había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU, que manejan dirigentes de Juan Grabois), y se habían pagado más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones de dólares cuando el contrato se había dado de baja”.
En relación a la empresa Tandanor, Petri destacó que se desviaron fondos destinados a la defensa hacia la construcción de pérgolas, refugios de ómnibus y bicicleteros en lugar de su función principal. “Tandanor es una empresa estratégica de la defensa y la tarea desplegada llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, sino para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus y 5250 bicicleteros”, agregó.
Petri también señaló que, aunque se destinaron más de 21 millones de dólares a proyectos de drones, “hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional”. Además, se pagaron más de 260 millones de dólares sin obtener aviones Pampa, IA 100, ni remolcadores, y muchos recursos se destinaron a cubrir déficits operativos de empresas de la defensa.
El Ministerio de Defensa ha solicitado auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), al Complejo Industrial y Naval Argentino (Tandanor) y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE) para analizar la posible presentación de acciones judiciales.
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Entre los convenios investigados, se incluyen la incorporación y modernización de 17 aeronaves Pampa y Pucará y 14 embarcaciones, destacándose la corbeta ARA Parker. Además, entre 2020 y 2023 se transfirieron unos 166 millones de dólares a Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Aviones.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: DefOnline.
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