La Justicia investiga desvíos de más de $5.000 millones destinados a comedores inexistentes a través de convenios del Ministerio de Desarrollo Social. Organizaciones sociales están en la mira por fraude y abuso de autoridad.
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La Justicia argentina avanza en la investigación de una red de comedores fantasma que habrían operado durante la gestión de Alberto Fernández. Según el fiscal Ramiro González, al menos cinco organizaciones sociales recibieron más de $5.331 millones por convenios firmados con el Ministerio de Desarrollo Social para sostener merenderos que no existían.
Entre las asociaciones investigadas se encuentran El Amanecer de los Cartoneros, vinculado a Juan Grabois; la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada de la Ciudad de Buenos Aires; la Fundación Conurbano; el Centro de Estudios para la Autogestión, y la Asociación Civil 8 de Junio. Estas organizaciones habrían declarado cientos de comedores que no estaban operativos o que nunca existieron, utilizando los fondos destinados a tareas alimenticias con fines aún no esclarecidos.
Un ejemplo significativo es el convenio firmado en 2023 con El Amanecer de los Cartoneros, que aseguró administrar 167 comedores y recibió $172.8 millones en un mes. De los 52 comedores analizados, 18 no funcionaban. Casos similares involucran a otras asociaciones como la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que recibió $342.8 millones para asistir a comedores, de los cuales 14 resultaron inexistentes.
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La Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante, denunció irregularidades adicionales en las compras de alimentos. En algunas rendiciones de cuentas, las organizaciones habrían simulado adquisiciones en provincias del sur para comedores situados en el norte del país, lo que podría constituir maniobras fraudulentas para desviar fondos. Por ejemplo, la Asociación Civil 18 de Mayo habría declarado compras de quesos en Puerto Madryn para merenderos ubicados en provincias como Santa Fe y Tucumán, una operación altamente cuestionada.
El fiscal González investiga posibles delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En tanto, el Ministerio de Capital Humano, que aportó documentación clave para avanzar en la causa, confirmó que un 32% de los comedores inscriptos en el Registro Nacional no estaban funcionando, mientras que un 16% nunca existieron.
Con miles de millones de pesos en juego, las autoridades continúan analizando expedientes, remitos y rendiciones de cuentas para determinar el destino real de los fondos y establecer responsabilidades.
Fuente: TN
Foto: Archivo
