Se llevó a cabo este martes una audiencia de debate oral y público por una causa en la que estaban imputados Diego Miguel Correa y Pedro Santos Muñoz por el delito de ofrecimiento y aceptación de dádivas respectivamente.
En ese marco, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Marcos Nápoli, le informó al juez Marcelo Nieto Di Biase que los defensores de los imputados habían acordado entre las partes darle un trámite sencillo a la causa ofreciendo una solución al caso, y por lo tanto, lo plantearon como cuestión previa al juicio.
EL HECHO
Según comunicó la Fiscalía, el hecho ocurrió enero de 2020, cuando el jefe de seguridad interna de la Alcaldía de Trelew, Pedro Muñoz, aceptó del preso Diego Correa la promesa de alojamiento sin cargo en el Hotel «Elun Quimey Quipan» de Puerto Madryn.
Tal alojamiento fue gestionado, minutos antes de aquel ofrecimiento, por el propio Correa ante la propietaria del alojamiento, María Betty Calatayud. El exfuncionario provincial le había pedido a la mujer alojar gratuitamente a Muñoz, tal como surge en conversación telefónica entre ambos, de acuerdo a un registro de audio.
De acuerdo al registro de pasajeros del hotel, Muñoz materializó el 15 de enero la aceptación de aquella promesa realizada por el interno del cual no podía recibirla, alojándose en el hospedaje.
INEXISTENCIA DEL DELITO
El defensor de Correa, Fabián Gabalachis, tras poner someramente en conocimiento al magistrado sobre el hecho que endilgó oportunamente el MPF, comenzó a exponer su postura con el planteo de la excepción de falta de acción por inexistencia del delito que lo fundó por la ausencia de tipicidad.
Según argumentó el abogado, no hubo afectación al bien jurídico protegido dando cuenta que de la charla entre su asistido y el funcionario policial no se puede demostrar un delito de sospecha ni un ofrecimiento de dádivas. «Yo tengo una amiga en Madryn qué si vas te podes quedar unos días ahí», graficó el defensor resaltando que no quedó claro tampoco si era a título oneroso o gratuito. Ante ello, solicitó el sobreseimiento de su defendido.
Por su parte, el defensor público de Muñoz, Flores Pericich, hizo suya la exposición inicial de su colega defensor sobre la teoría del delito. Además, el colegiado aseguró que su defendido se alojó en el hotel pero que pagó por ello, por lo cual no se pudo consumar el delito atribuido por el MPF que lo acusaba de aceptar el ofrecimiento a título gratuito.
Flores Pericich enfatizó también que la Fiscalía no desmintió a su cliente en cuanto que pagó el servicio de alojamiento. Tampoco ofreció como testigo a la dueña del hotel para verificar o no el pago. Finalmente, pidió que Muñoz sea sobreseído.
Tras las exposiciones de los abogados, el fiscal Nápoli dijo estar de acuerdo con los planteos y apuntaló el pedido de sobreseimiento por razones similares, pero dentro de un enfoque jurídico distinto.
«En el marco probatorio que hay, no hay modo que la fiscalía pueda probar que el principio de lesividad no se encuentra conculcado en este caso», graficó el fiscal.
Nápoli aseveró que de acuerdo a la falencia probatoria del caso iba a funcionar el «in dubio pro reo». Más allá de ello, se dirigió al funcionario policial indicando que preste mayor cuidado como funcionario público sobre todo en las comunicaciones entre pares o personas detenidas que puedan acarrear sanciones.
Por último, el juez Nieto Di Biase manifestó que el planteo es claro y que, más allá de los argumentos jurídicos expuestos, lo más contundente es la falta de prueba sustancial que permita desacreditar el pago que hizo Muñoz.
Ante ello, dispuso el sobreseimiento de Diego Miguel Correa y de Pedro Santos Muñoz.
Fuente: JusNoticias Chubut.


