En una jornada cargada de tensiones políticas y sociales, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad con 148 votos afirmativos, 71 negativos y tres abstenciones.
La medida apunta a recomponer las prestaciones arancelarias retroactivas a diciembre de 2023, actualizar el nomenclador con ajustes mensuales automáticos y asegurar una mejora en las pensiones no contributivas.
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El debate legislativo se dio en medio de una multitudinaria movilización en el Congreso, donde organizaciones y personas con discapacidad reclamaban la sanción urgente de la ley. En un hecho indignante, fuerzas de Gendarmería impidieron el acceso de manifestantes con discapacidad al recinto, lo que generó un amplio repudio en redes sociales y entre legisladores opositores.
El texto aprobado establece que las pensiones por discapacidad no podrán ser inferiores al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo, un reclamo histórico de los sectores afectados. Además, se garantiza que las actualizaciones serán automáticas y mensuales, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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A pesar del avance parlamentario, el oficialismo no tardó en mostrar su rechazo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el presidente Javier Milei vetará la ley, tal como anticipó que haría con cualquier otra medida que, según el Gobierno, comprometa el equilibrio fiscal. Esta postura incluye una eventual nueva moratoria previsional o un bono extra para jubilados.
La aprobación de esta ley marca una fuerte señal política de la oposición frente a la gestión de Milei, aunque su futuro es incierto si se concreta el veto presidencial. Mientras tanto, las organizaciones sociales advierten que continuarán movilizadas hasta que la ley entre en plena vigencia.
Fuente: Minuto Uno.
