Este martes, la Cámara de Diputados llevará adelante una sesión especial para debatir un proyecto que propone reformas al Código Penal con el fin de combatir el crimen organizado. La iniciativa, que contempla sanciones más severas para los miembros de bandas delictivas, forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Antes de abordar este tema, se discutirá la Boleta Única Papel (BUP), el principal punto de la jornada.
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El proyecto fue impulsado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), representado por Gabriel Bornoroni, junto con los jefes de otras bancadas como la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Las reformas buscan castigar con penas de 8 a 20 años de prisión a quienes formen parte de asociaciones ilícitas involucradas en delitos graves como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Una de las modificaciones más relevantes establece que todos los miembros de una organización delictiva recibirán la misma pena que el autor principal, simplemente por su pertenencia a la banda.
Además de endurecer las penas, el proyecto introduce la creación de Zonas de Investigación Especial, con el objetivo de agilizar los mecanismos de actuación de los poderes del Estado. Esto permitirá una respuesta más rápida y efectiva en investigaciones complejas. En este marco, las fuerzas de seguridad podrán detener a personas durante 48 horas en casos de delitos comunes, y hasta 15 días cuando se trate de delincuencia transnacional, siempre con autorización judicial.
La reforma también incluye medidas para combatir el tráfico de armas ilegales. Un segundo proyecto discutido en la sesión otorgará un año de plazo para que los ciudadanos que posean armas de uso civil no registradas regularicen su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Esta medida busca reducir el uso ilegal de armas en el país y brindar una oportunidad para que los poseedores regularicen su tenencia sin recibir sanciones.
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En cuanto a las herramientas para la investigación, el proyecto establece la posibilidad de realizar interceptaciones telefónicas y de mensajes en redes sociales, previa autorización judicial. Esta herramienta será clave para desarticular redes de crimen organizado, facilitando la captura de información crítica sobre las actividades ilícitas. Las medidas buscan reforzar el control sobre actividades delictivas y garantizar una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado en Argentina.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Archivo.
