La Cámara de Diputados postergó la votación del proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70.000 millones de pesos a las provincias, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
A propuesta del diputado de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodríguez, a las 4.10 de esta madrugada se decidió postergar la sanción de esta iniciativa y el tratamiento de algunos proyectos que se iban a debatir sobre tablas, luego de deliberar por espacio de más de 14 horas.
La Cámara de Diputados aprobó en una maratónica sesión los proyectos de postergación por un mes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una reforma del impuesto a las Ganancias para las empresas, un sistema de beneficio para los bomberos, y una ayuda para el transporte escolar de todo el país.
La postergación del temario se adoptó cuando avanzaba el debate sobre el Consenso Fiscal, que es respaldado por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo y rechazado por Juntos por el Cambio, aunque algunos diputados votaron a favor del acuerdo entre la Nación y las provincias, señaló la agencia Télam.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller brindó detalles del acuerdo fiscal firmado entre el Gobierno y los mandatarios, con excepción de La Pampa, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
Dijo que el consenso fiscal firmado el 4 de diciembre ante la pandemia del coronavirus se acordó «suspender la baja de impuestos a los ingresos brutos y de sellos».
En tanto, el radical Luis Pastori justificó el rechazo a este acuerdo al afirmar que es «lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos, dos de los tributos más regresivos del sistema tributario argentino”.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus, indicó la agencia Télam.
El proyecto además establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.
Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunto en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.
Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.
