La Cámara de Diputados retomará el martes a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley de “Bases”, sancionada el viernes último en general, mientras el oficialismo proseguirá este lunes con conversaciones para avanzar en acuerdos y destrabar la negociación en artículos que mantienen aún diferencias referidos a facultades delegadas y privatizaciones para lograr esta misma semana la aprobación en particular.
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De todos modos, en las últimas horas los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien “el martes comenzará el tratamiento” del proyecto, el trámite “va a ser largo” y “puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también”, al anticipar que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar la ley en general.
De acuerdo a las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión del martes a las 14 y pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche, y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.
Fuentes parlamentarias afirmaron que había consenso entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista en que la votación se hiciera por capítulos y no por artículos, aunque autoridades del oficialismo se mostraron más prudentes con esa opción.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
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La iniciativa cosechó el apoyo de 38 diputados de LLA, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Creo; uno de Avanza La Libertad, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Libre, tres de Independencia y uno de Unión Mendocina.
Sin embargo, no pudo avanzar en la discusión en particular porque los bloques dialoguistas quieren otros cambios en algunos de los artículos, por lo que serán clave los acuerdos que se puedan lograr el martes en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.
El artículo que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Los legisladores de los bloques dialoguistas podrían aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, si el Gobierno acepta reformar el artículo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
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De todas formas, otras de las cuestiones que se analizan por estas horas -sobre todo con los legisladores que responden a los gobernadores- son los alcances que tendría el impuesto PAIS, que se quitó del dictamen, y todos los aspectos vinculados con los reclamos de las provincias para saber si cuentan con esos legisladores para la sesión, y si eso se va a poner en consideración.
Los gobernadores siguen cuestionando la falta de acuerdos para coparticipar ese impuesto para las provincias y esperan que sea el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, quien se vuelva a reunir con los mandatarios locales para destrabar esa cuestión.
Por su parte, los bloques dialoguistas -sobre todo los que pertenecen a las provincias- mantendrán reuniones presenciales o por Zoom para continuar analizando alternativas, aunque la última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo.
Otro de los puntos donde aún hay discrepancias es en el paquete de las privatizaciones de las empresas del Estado, pese a que el jueves el Gobierno propuso quitar de esa lista nueve compañías.
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Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación y de Arsat.
Uno de los artículos establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá “elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos; ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación”.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
El Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.
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En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedan sujetas a privatización.
En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia que quedó limitada a seis materias que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
Pero donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Fuente: Télam.
Foto: Archivo.
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