La medida fue adoptada este viernes por la tarde por el juez de instrucción Mariano Iturralde, que halló a ambos coautores de «doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer y por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal».
De acuerdo a un comunicado de prensa, el magistrado destacó que en la investigación se tiene por acreditado que los imputados fueron quienes se encontraban dentro del VW Vento de Fernández (42) desde el cual partieron los disparos contra las víctimas mientras realizaban una caminata por la plaza del Congreso el 9 de mayo último.
Además, remarcó que el arma homicida se corresponde con la pistola calibre .40 secuestrada en el domicilio de Navarro Cádiz (25) y que de la prueba relevada no ha surgido hasta el momento «contacto o conflicto previo» entre víctimas e imputados, sin perjuicio de continuarse con la investigación, en la que interviene la fiscal Estela Andrades.
«La investigación desarrollada indica que no habría existido relación o conflicto previo alguno entre las partes involucradas, es decir que el homicidio debió necesariamente responder al placer derivado de desahogar el instinto de matar sin motivo, o más bien por motivos banales, tales como probar el arma», destacó el magistrado en su resolución.
Iturralde calificó el ataque como «alevoso y traicionero» y tuvo en cuenta el dato de que el arma homicida había sido previamente acondicionada con una mira láser que «aseguraría a los agresores dar en el blanco sin siquiera tener que acercarse a las víctimas o sacar el arma fuera del vehículo».
Según el análisis de los videos de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo reconstruir que el auto llegó al lugar del ataque a las 6.20 de aquella madrugada, las víctimas arribaron a las 6.33 para dar una primera vuelta a la plaza y a las 6.50, al pasar por segunda vez frente al vehículo, fueron alcanzados por los disparos.
De los cinco balazos, tres de ellos impactaron en el cuerpo de Yadon, que murió poco después, y uno en el de Olivares, que falleció luego de tres días de internación.
«Los autores se marcharon del lugar, Navarro Cádiz a pie y con rumbo a su domicilio -cercano al lugar- en cuyo trayecto descartó material balístico en un cesto de basura, en tanto que Fernández llevó su automóvil hasta un estacionamiento cercano», indicó el juez, que recordó que luego se fugaron a Entre Ríos y el primero cruzó a Uruguay, donde fue detenido el 10 de mayo.
Si bien en principio había sospechas de la presencia de un tercer hombre a bordo del auto, el magistrado indicó que «del análisis de las cámaras de seguridad quedó, en principio, descartado», como así también la intervención de un segundo vehículo de apoyo.
Por otra parte, la investigación reveló que tanto la hija de Fernández, Estefanía Fernández Cano (24), como el padre de Navarro Cádiz, Miguel Navarro Fernández (55), y otros familiares pudieron haber auxiliado a los imputados en la fuga y ocultamiento de evidencias, pero «debido al estrecho vínculo familiar que une a los involucrados» no se los puede acusar de encubrimiento.
Por ese motivo, ambos serán liberados así como Luis «Caraco» Cano (65), Rafael Cano Carmona (50) y Castro Iglesias Montoya (58), alias «El Brasilero».
El juez admitió que «por el momento» no consta cuál de los imputados fue el que abrió fuego, pero afirmó que hubo «un plan previamente trazado, (donde) cada uno de los intervinientes realizó aportes necesarios para la ejecución del hecho».
Al respecto, Fernández aportó su vehículo con vidrios polarizados para emboscar a las víctimas y no puede descartarse que haya sido quien suministró el arma o incluso disparó, mientras que Navarro Cádiz también pudo haber empuñado la pistola, ya que luego descartó balas de su bolsillo.
Además, en casa de sus padre se hallaron dibujos de siluetas humanas que hacen presumir que allí se practicaba tiro al blanco con aire comprimido.
