Economía aclaró que no hubo recortes en las áreas de discapacidad

«Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas», dijo la cartera en su cuenta de Twitter.

Añadió que, «por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso».

El ministerio que conduce Sergio Massa aludió a las críticas formuladas por prestadores y familiares de personas con discapacidad que denunciaron presuntos recortes en las partidas.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, dijo que «el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional», en respuesta a familiares y prestadores que llevan adelante un acampe en la Plaza de Mayo.

«Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días», indicó Galarraga a través de un comunicado.

«El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias y por eso desde el Gobierno nacional queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad se está regularizando desde hoy», agregó el funcionario.

«El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados», amplió el director ejecutivo de Andis.

Según familiares que instalaron hoy una carpa blanca en Plaza de Mayo, «las obras sociales están dejando de lado a los niños con discapacidad y no le están pagando a los terapeutas de ningún centro desde mayo».

«Los días 30 y 31 de agosto estarán haciendo paro en Plaza de Mayo todos los centros de discapacidad», señaló Rocío a los medios de prensa y añadió que su hijo de 4 años «tiene TEA (trastorno del espectro autista) y hoy en día está sin tratamiento por este motivo».

Sostuvo que «todos los niños y niñas con discapacidad están siendo perjudicados; los familiares y sus terapeutas también».

Galarraga detalló que el mecanismo de integración establece que «la Superintendencia informa a la AFIP los totales liquidados asignados a cada Obra Social y luego AFIP procede a acopiar de la cuenta recaudadora los recursos necesarios para cubrir dicha erogación».

«Dicho proceso se encuentra en curso dada la dinámica de la recaudación, para que el organismo recaudador proceda a acreditar la suma total a cada Obra Social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad», explicó.

Galarraga informó, también, que «adicionalmente, hemos dispuesto que directores de Andis atiendan y se pongan a disposición para agilizar las gestiones más urgentes de los prestadores», y recordó que «cuando asumimos nuestra responsabilidad, en 2020, muchos de los prestadores estaban fundidos y llevaban más de seis meses de atraso en recibir sus pagos, nosotros los pusimos al día y les hemos dado un incremento del 231%».

En este sentido, Galarraga afirmó que «en agosto hemos dado un incremento del 25% en los valores arancelarios, lo que consolida a septiembre un incremento del 69%, por encima de la inflación».

Finalmente, recordó «que estas medidas, junto con otras importantes como los avances en el Certificado Único de Discapacidad, el plan Accesar y la asignación de pensiones son posibles porque hay un gobierno que pone a la discapacidad en el centro de su agenda».