Las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador serán el 20 de agosto, con una eventual segunda vuelta el 15 de octubre, según adelantó la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Ataimant, aunque resta oficializar la fecha.
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Un día después de que el presidente Guillermo Lasso dispusiera la llamada “muerte cruzada”, que implica disolver la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y llamar a nuevos comicios, la funcionaria hizo el adelanto.
El uso de facultades constitucionales por parte del jefe de Estado puso en marcha un procedimiento extraordinario que gestiona el CNE sobre la base de la obligación de convocar a votaciones «dentro de los 90 días» siguientes a la disolución del órgano legislativo.
«En un proceso normal sólo la calificación de las candidaturas demora cerca de 40 días, la campaña electoral no puede superar los 45 días y los debates se realizan tres semanas antes de las elecciones», explicó el titular de la CNE.
Pero, estos plazos “no se ajustan al extraordinario proceso electoral que enfrenta Ecuador”, por lo que el Departamento jurídico de la CNE “ya está trabajando en la creación de un reglamento específico», admitió.
En el país no se reportaron protestas y la calma y la normalidad reinaban en Quito y las principales ciudades, aunque el edificio de la Asamblea Nacional permanecía bajo fuerte control de efectivos antimotines de la Policía Nacional.
La Policía permitió el acceso de personal administrativo del legislativo para retirar sus pertenencias, mientras que se prevé que lo propio podrán hacer los exlegisladores desde el lunes próximo, informaron medios locales, que dijeron que no había problemas con el transporte ni en aeropuertos u hospitales.
Lasso, en el poder desde 2021, disolvió la unicameral Asamblea Nacional invocando un mecanismo constitucional especial conocido como «muerte cruzada», que le da potestad para hacerlo y que lo habilita a gobernar por decreto hasta la celebración obligatoria de elecciones.
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El mandatario, de 67 años, dijo que había tomado la medida porque el juicio político que el Parlamento le había iniciado apenas unas horas antes por presunta corrupción, cuyo resultado más probable parecía ser el de su destitución, estaba motivado políticamente y había derivado en una «grave crisis política y conmoción interna».
La «grave crisis política y conmoción interna» es una de las tres causales por las cuales el Ejecutivo puede aplicar el artículo 148 de la Constitución de 2018, que también pone plazos para celebrar elecciones anticipadas presidenciales y legislativas para completar los mandatos correspondientes desde el momento de la disolución del Parlamento.
En su artículo 130, la Constitución habilita a su vez a destituir al mandatario sin juicio político previo, si se dan determinadas causales.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, había especulado con la fecha del 20 de agosto para los comicios y más tarde Ataimant la confirmó, en una entrevista televisiva.
El decreto de Lasso de disolución del parlamento fue recurrido ante la Justicia constitucional por dos fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), que consideran que el país no está en un estado de grave crisis política y conmoción interna.
En las primeras horas con la medida vigente, el Gobierno tuvo gestos que parecieron apuntar a mostrarse fuerte: impidió el acceso al parlamento de los ahora exlegisladores, reunió al cuerpo diplomático para detallar “la decisión soberana” y hasta dictó el primer decreto, una reforma tributaria que reduce impuestos.
El principal referente del bloque opositor de izquierda Unes, el expresidente Rafael Correa, acusó a Lasso de dar un «golpe de Estado», pero el partido anticipó que no irá contra la medida.
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El brazo político del poderoso movimiento indígena ecuatoriano, cuyas protestas se vinculan con la caída de tres presidentes de Ecuador desde 1997, dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión, que consideró que abre un «escenario de dictadura».
Lasso se defendió en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en la que afirmó que había antepuesto a «Ecuador por encima de cualquier interés personal» y denunció un «plan macabro de Correa».
El gobernante volvió a negar las acusaciones de la AN de supuesto peculado, de las que ya se había defendido ante los propios legisladores en el parlamento el martes, en el inicio del plenario de juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según argumentan los denunciantes, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no fue procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
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La Corte Constitucional tendrá en adelante un rol clave: en lo inmediato, deberá resolver las presentaciones del PSC y de ID para dejar sin efecto el decreto de Lasso y, más allá, deberá controlar cada una de las medidas de gobierno del mandatario con un dictamen previo.
Fuente: Télam.
