La violencia narcoterrorista en Ecuador ha desencadenado una crisis de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, exacerbando la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia.
En Ecuador, la violencia narcoterrorista ha alcanzado niveles preocupantes, convirtiendo al país en uno de los más violentos de la región y afectando de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes. La situación se agrava aún más con el reclutamiento de menores por parte de grupos del crimen organizado, que los involucran en actividades ilícitas en medio de un abandono estatal alarmante.
Desde el 2022, diversos reportajes periodísticos han alertado sobre la presencia de escuelas de sicarios y el abandono institucional que afecta a los menores en el país. Más recientemente, varios adolescentes han sido capturados por delitos graves, como homicidio o terrorismo. Ejemplos como la toma violenta de TC Televisión, donde dos adolescentes fueron capturados, o el asesinato de un conductor de autobús por un joven de 14 años, subrayan la gravedad del problema.
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Según datos del Ministerio de Educación, se ha observado una reducción significativa en la matrícula estudiantil en todo el país, especialmente en las provincias de la Costa y Galápagos. Esta disminución, de más de 64.000 estudiantes en un año, refleja la magnitud del impacto de la violencia en el acceso a la educación.
La presencia de grupos delincuenciales en las comunidades más vulnerables constituye un riesgo para los adolescentes, quienes son reclutados bajo la promesa de oportunidades económicas y reconocimiento social. Una vez dentro de estas organizaciones, enfrentan dificultades para salir y se ven obligados a participar en actividades delictivas bajo amenaza de represalias.
La situación es alarmante, con más de 1.000 adolescentes encuestados afirmando conocer personas cercanas reclutadas por grupos delictivos. La falta de acceso a la educación y la protección de los derechos fundamentales de la niñez son motivo de preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
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La directora de Medidas Socioeducativas para Adolescentes Infractores, Euriza Rivera, advierte sobre la necesidad de abordar esta problemática de manera integral, reconociendo que las organizaciones delictivas están supliendo necesidades que deberían ser responsabilidad de otras instituciones.
Fuente: Infobae