Comunidades de pueblos originarios de Ecuador presentaron hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en reclamo de que se suspenda la ejecución de los decretos por los que el presidente Guillermo Lasso habilitó la ampliación de la explotación petrolera en la Amazonía, donde viven comunidades aborígenes, entre otras razones porque la decisión fue inconsulta.
Los aborígenes argumentan que el decreto fue emitido sin realizar una consulta previa, como manda la Constitución, entre pobladores de territorios que serán concesionados para la extracción de petróleo y minerales.
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— CONFENIAE (@confeniae1) August 19, 2021
Demandamos anulación de Decretos Ejecutivos inconstitucionales que buscan intensificar la política extractiva hidrocarburífera y minera en Ecuador ?@LassoGuillermo @RecNaturalesEC @JuanCar_Bermeo@DDHH_Ec @BernardaOM @GustavoManriq_M @Ambiente_Ec pic.twitter.com/DHVysoAgti
“La tierra no se vende, la tierra se defiende”, fue la consigna central de la concentración de los indígenas frente a la sede de la Corte, en Quito, en la que se vieron además carteles con las leyendas «Más explotación no es la solución» y «Lucharemos por nuestro territorio».
En julio, el conservador Lasso dispuso por decreto un vuelco total en materia petrolera, en busca de duplicar la producción en cinco años, y decidió la venta de todas las estaciones de servicio de la empresa estatal y la promoción de “políticas públicas y normativas” para atraer al sector la inversión privada.
Después, en otro documento, el gobernante fijó nuevas reglas para el sector minero. Entre enero y agosto de este año, Ecuador -cuya dolarizada economía depende de la venta de petróleo- explotó unos 498.000 barriles diarios, la mayoría a cargo de la estatal Petroecuador.
Entre 2018 y 2020, el crudo representó alrededor de 28% de los ingresos del país, según estimaciones privadas.
Lasso «no ha hecho con consulta, con consentimiento. Él piensa ‘yo soy jefe y hago lo que quiera’, pero sin respeto a la vida de nosotros», dijo a la agencia de noticias AFP la lideresa del pueblo originario waorani Nemonte Nenquimo, quien logró en 2019 que la justicia ecuatoriana prohibiera el ingreso de petroleras en un área selvática de 180.000 hectáreas en el sureste del país.
Los waorani, con unos 4.800 miembros, tienen unas 800.000 hectáreas repartidas en las provincias amazónicas de Pastaza, Napo y Orellana, incluidas esas 180.000 hectáreas (menos de 1% de la superficie de Ecuador) que aún se mantienen intactas y son parte de un bloque petrolero que el Estado pretendía licitar, indicó Télam.
Cuando trazó por decreto su política hidrocarburífera, Lasso expresó que el país no podía «desperdiciar la oportunidad» de subirse en la «pequeña ola de bonanza petrolera internacional».
Aseguró entonces que parte de los ingresos que generen las nuevas estrategias para la explotación de recursos naturales irían a programas sociales y de salud como el combate a la desnutrición crónica infantil.
Nenquimo consideró que el decreto está «vulnerando» los derechos de su pueblo. «La selva es nuestra casa. Estoy (en la protesta) como una madre. Mis hijos tienen que vivir en un territorio libre de contaminación, con alegría, con armonía», manifestó, luciendo una corona de plumas.
Por su parte, el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, lamentó que Lasso no mida «los efectos negativos, desastrosos que ha significado para toda la Amazonía ecuatoriana» la extracción de crudo.
En el decreto de julio, el jefe del Palacio de Carondelet, la sede del Gobierno, había afirmado que las nuevas licitaciones se harían “observando la normativa de consulta previa a las comunidades aledañas a los bloques y la protección de áreas intangibles y reservas naturales”.
