Los gremios docentes universitarios nucleados en la CONADU anunciaron un nuevo paro nacional de actividades que se desarrollará entre el 16 y el 20 de junio, en reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida llega en el tramo final del primer semestre académico y estará acompañada por clases públicas y actividades de visibilización en distintos puntos del país.
El conflicto se mantiene abierto debido a que la normativa aprobada para garantizar recursos a las universidades nacionales continúa sin ser implementada por el Gobierno nacional, mientras avanza una disputa judicial que permanece bajo análisis de la Corte Suprema. La ley contempla fondos para salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, infraestructura y gastos de funcionamiento.
Como parte del plan de lucha, los sindicatos realizarán clases públicas el 9 de junio frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país. También se prevén actividades en Rosario y en la Capital Federal durante los días 11 y 16 de junio para reforzar el reclamo por una solución al conflicto.
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Desde CONADU señalaron que cualquier propuesta formal que presente el Ejecutivo será sometida a consulta de la docencia universitaria. Además, el gremio informó que presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria a la negociación paritaria.
En los últimos días, representantes de la Secretaría de Educación mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según trascendió, el Gobierno acercó una propuesta que incluye una recomposición salarial del 21,33% para junio, un incremento adicional del 3% en octubre, mejoras en los gastos de funcionamiento y mayores partidas para becas y hospitales universitarios.
Mientras tanto, la Corte Suprema rechazó un planteo del Estado nacional para apartar a magistrados que intervienen en la causa iniciada por el CIN. El máximo tribunal sostuvo que el hecho de que los jueces ejerzan la docencia en universidades públicas no constituye, por sí mismo, una causal válida de recusación, lo que representó un nuevo revés judicial para el Gobierno en el conflicto por el financiamiento universitario.
FUENTE: Ámbito.
IMÁGEN: Telesur.
