Organizaciones advierten que cientos de asesinatos de mujeres no son reconocidos como feminicidios y quedan ocultos bajo la etiqueta de violencia criminal, pese al incremento histórico de casos.
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Ecuador atraviesa el año más violento para las mujeres desde que existen registros oficiales, con un incremento alarmante de asesinatos vinculados al crimen organizado y un subregistro que preocupa a organizaciones especializadas. Según la Fiscalía General del Estado, entre enero y el 16 de noviembre fueron asesinadas 678 mujeres, pero solo 49 casos fueron tipificados como femicidios, una cifra que dista enormemente de la realidad que describen colectivos y especialistas en violencia de género.
De acuerdo con la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, hasta el 15 de noviembre se registraron 349 asesinatos de mujeres por violencia machista, de los cuales al menos 224 están directamente vinculados al accionar de estructuras delictivas. Estas muertes, según explican activistas, quedan invisibilizadas bajo la categoría de “muertes colaterales” o “sicariato”, lo que impide analizarlas con perspectiva de género y comprender la dinámica criminal que las rodea.
Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, señaló a la agencia EFE que el crimen organizado utiliza los cuerpos de mujeres para enviar mensajes, marcar territorios y generar control social en zonas en disputa. La activista advierte que estos asesinatos presentan patrones específicos de violencia extrema y responden a conflictos internos entre organizaciones, vínculos afectivos con miembros de bandas, tráfico de drogas e incluso órdenes emitidas desde las cárceles.
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Un estudio de la ONU publicado en 2024 ya había alertado sobre esta problemática: los femicidios no íntimos, perpetrados por terceros y en contextos criminales, no se contabilizan en las estadísticas oficiales. El documento señala que el sistema judicial ecuatoriano suele reconocer como femicidios solo aquellos cometidos por parejas o exparejas, dejando fuera un universo creciente de mujeres asesinadas con saña y características propias del crimen organizado.
Desde la Fiscalía, Elizabeth Sandoval, integrante del Equipo de Género, aseguró que las investigaciones se realizan con perspectiva de género, pero reconoció que la recolección de pruebas se dificulta por la falta de testigos y la destrucción de evidencias en contextos dominados por grupos armados. Explicó que, en algunos casos, los procesos judiciales avanzan pero sin alcanzar la tipificación de femicidio por limitaciones probatorias.
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Para las organizaciones sociales, esta postura implica una simplificación de una realidad compleja que deja desprotegidas a las familias de las víctimas y limita su acceso a justicia y reparación integral. Insisten en que todos los asesinatos de mujeres deben investigarse como femicidios desde el inicio, tal como establece el protocolo fiscal, para evitar que estos crímenes sean disfrazados de robos, secuestros o sicariatos.
La crisis de violencia de género en Ecuador se agrava en paralelo al fortalecimiento del crimen organizado, que ha encontrado nuevas formas de control territorial y disciplinamiento social utilizando los cuerpos de mujeres como herramientas de intimidación. Las organizaciones feministas reclaman urgentes reformas institucionales y una respuesta estatal que reconozca la magnitud del fenómeno.
Fuente y foto: EFE
