La política migratoria de Estados Unidos volvió a tensarse tras la decisión oficial de frenar el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia permanente para migrantes provenientes de 19 países catalogados como “de alto riesgo”. La medida, difundida mediante un memorando de USCIS, afecta de manera directa a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán e Irán, entre otras naciones incluidas en el listado.
De acuerdo con el documento, la suspensión se suma a las restricciones de viaje impuestas a mediados de año por la administración Trump. Hasta ahora, las limitaciones se aplicaban principalmente a quienes buscaban ingresar al país, pero la nueva disposición amplía el alcance hacia quienes ya residen en territorio estadounidense. Las autoridades señalaron que se revisarán exhaustivamente los antecedentes de todos los migrantes provenientes de esos países que hayan llegado desde enero de 2021.
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En ese sentido, USCIS adelantó que en los próximos 90 días elaborará una lista prioritaria de casos para ser evaluados de manera individual. Los expedientes podrían derivarse a otras agencias de seguridad si se detectan inconsistencias o riesgos. La medida responde, según el gobierno, a preocupaciones por seguridad nacional, especialmente tras el reciente ataque a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, en el que fue acusado un ciudadano afgano.
El endurecimiento no solo alcanza a quienes buscan la ciudadanía o la “green card”. En paralelo, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas para afganos que colaboraron con fuerzas estadounidenses, mientras que USCIS frenó temporalmente la resolución de solicitudes de asilo. Funcionarios del gobierno justificaron estos cambios afirmando que una revisión más estricta evitará la entrada o permanencia de posibles amenazas.
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Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes y especialistas en políticas públicas advirtieron que la nueva directiva constituye un “castigo colectivo” que afecta tanto a personas recién llegadas como a residentes que llevan años en Estados Unidos. Aseguran que la suspensión generalizada genera incertidumbre, agrava la situación de familias en proceso de regularización y corre el riesgo de profundizar tensiones diplomáticas con los países involucrados.
Fuente: DW.
